Boyd et al. arrojan luz sobre el impacto nocivo de las políticas y prácticas punitivas y estigmatizantes sobre el riesgo de sobredosis de las madres, y concluyen sobre la necesidad de ampliar el apoyo y la atención en la comunidad.
El IDPC y la GDPO analizan las limitaciones de los datos y las metodologías del informe, y exploran las implicaciones de estas deficiencias para la política de drogas en África.
La evaluación subraya la importancia de ONUSIDA en apoyar las respuestas de las poblaciones clave y tareas pendientes en materia de incidencia y programación.
David Restrepo revisa críticamente la propuesta legislativa de Colombia de 2020 para regular los mercados de la hoja de coca y la cocaína, estimando los costes y los beneficios.
El IDPC y AFRILAW presentan nuevas pruebas sobre la violencia física y mental a la que se enfrentan las personas que usan drogas en Nigeria, tanto a manos de la policía como en los centros de tratamiento.
El CESED y la Corporación Viso Mutop revelan graves fallas en la puesta en marcha de los compromisos del estado colombiano con el campesinado de las zonas cocaleras y, en particular, con las comunidades indígenas.
La INPUD muestra el poder e impacto de redes lideradas por pares, y presenta argumentos para un financiamiento más significativo y sostenible para consolidar su éxito.
Elementa DDHH arroja luz sobre la criminalización, su impacto y avenidas viables para diseñar una política de drogas con enfoque de derechos humanos, justicia social y reparación integral.
