Los centros de rehabilitación de drogas sin licencia son lugares de detención arbitraria, castigos crueles, corrupción y violaciones de derechos humanos.
Aunque participativa y ambiciosa, la Política Nacional de Drogas de Colombia corre el riesgo de quedarse en el papel por falta de una hoja de ruta clara.
El IDPC instó a los expertos a poner fin a una injusticia colonial, pidiendo que la hoja de coca sea desclasificada y que se reconozcan plenamente las tradiciones y los derechos de los pueblos indígenas.
Marie Nougier revela cómo las leyes punitivas sobre drogas devastan la vida de las mujeres, alimentando el encarcelamiento masivo y la desigualdad — y hace un llamado a políticas de drogas feministas, humanas y basadas en la evidencia, centradas en el cuidado y no en el castigo.
La cooperación internacional ofrece una oportunidad para alinear de manera coherente las políticas de drogas regionales con las normas de derechos humanos.
Estados Unidos certificó condicionalmente a Colombia, manteniendo provisionalmente el flujo de asistencia mientras exige un plan del gobierno de Petro para limitar el comercio ilícito de drogas.
IDPC y otras cinco organizaciones llamaron a la ONU a corregir injusticias históricas, respetar las perspectivas indígenas y abordar los impactos nocivos de las políticas de drogas actuales.
Las políticas punitivas de drogas en la ASEAN no han logrado los objetivos de un “mundo libre de drogas”, mientras que la reducción de daños ofrece una alternativa pragmática y basada en los derechos que ya muestra resultados en la región — aunque torpedeada por la postura intransigente de Singapur.
