La Drug Policy Alliance (DPA) explica el modelo de descriminalización en Oregón, su reversión tras una campaña de desinformación, y los costos y daños de la recriminalización
PRI ofrece un análisis de los desafíos globales, incluidos el hacinamiento, los problemas de salud mental, la corrupción y el creciente uso de tecnologías digitales, al mismo tiempo que presenta soluciones innovadoras para la reforma.
IDPC y LBHM evalúan críticamente las políticas punitivas de drogas del país y su impacto en el hacinamiento carcelario, recomendando una mayor provisión orientada a la salud y reformas legales.
Este conjunto de herramientas ayuda a los proveedores de servicios a comprender las necesidades de las personas trans, no conformes con el género y no binarias en los programas de servicios de jeringuillas.
COPOLAD publica una guía con información actualizada para que instituciones y organizaciones implementen estrategias que aborden su prevalencia e impacto, respetando los derechos humanos.
Stoicescu et al. concluyen que la intersección de la violencia de pareja y la violencia sexual policial se asoció con un aumento de casi cuatro veces en la sobredosis no mortal.
Amnistía Internacional, UNJUST UK, HRI y el IDPC arrojan luz sobre las disparidades raciales en la acción policial sobre drogas y las violaciones de derechos humanos asociadas, instando a la descriminalización, la reorientación de los recursos hacia los sistemas de atención y una reforma equitativa.
HIV Legal Network identifica barreras y soluciones innovadoras para promover un suministro seguro de medicamentos, incluso a través de programas no médicos.
La Red Jurídica sobre el VIH identifica lo que puede y debe hacerse para reforzar la respuesta al VIH, otras ITS y otros problemas de salud entre las personas GBT2Q que consumen drogas.
EuroNPUD explora las pruebas de detección ofrecidas por la comunidad y la integración a la prestación de salud, evaluando mejores prácticas y actitudes sobre estos servicios.
