El OEDT destaca que el consumo de drogas sigue siendo elevado en toda la UE, con unas pautas de consumo y unas repercusiones en la salud y las respuestas sociales cada vez más complejas.
La ACNUDH subraya la importancia de eliminar los marcos legales y políticos punitivos; reducir el estigma y la discriminación; y abordar las desigualdades de género y la violencia relacionada para lograr los compromisos globales en relación con el VIH 2030.
Malinowska-Sempruch y Lohman instan al sector de la salud pública a desafiar la prohibición y a unirse a los llamamientos en favor de alternativas que den prioridad al bienestar social, la salud y los derechos humanos.
El IDPC describe el impacto en la salud pública de la aplicación punitiva de la ley sobre las mujeres usuarias de drogas, y ofrece recomendaciones para una respuesta al uso y al VIH basada en pruebas y que tenga en cuenta el género.
Canêdo et al. subrayan las carencias en materia de acceso a reducción de riesgo por parte de las personas jóvenes y ofrecen diez llamadas a la acción para mejorar el apoyo y el acceso de las personas jóvenes.
El Grupo Pompidou analiza el impacto del uso de drogas por parte de los padres en los niños, destacando cómo las políticas de criminalización y estigmatización crean un mayor daño, y ofrece sugerencias de políticas para responder a las necesidades tanto de los niños como de los padres que usan drogas.
Amnistía concluye que las respuestas al COVID-19 magnificaron las desigualdades a las que se enfrentan los grupos y comunidades que ya son objeto de leyes penales discriminatorias.
El Consejo de Europa ofrece una herramienta de autoevaluación para animar a los Estados a comprender mejor la situación sobre el terreno y considerar las reformas necesarias.
La OMS ofrece una visión general de desarrollos recientes, incluso sobre el impacto del COVID-19 y en materia de acceso a los medicamentos bajo fiscalización, y pide un enfoque de salud pública.
Goodman et al. hallan que los precios elevados, la inconveniencia y los problemas de acceso pueden limitar la transición de las personas usuarias hacia fuentes legales.
