Nuevo informe advierte que la política internacional de drogas está fracasando — mientras la “guerra contra las drogas” recupera impulso

Mientras las Naciones Unidas ponen en marcha una profunda reforma institucional, un nuevo informe del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) lanza una advertencia contundente: la política internacional de drogas está fracasando. El sistema sigue estando peligrosamente desalineado de los compromisos de la ONU en materia de derechos humanos, salud pública, desarrollo sostenible y cooperación multilateral — despilfarrando miles de millones del erario público y causando graves daños a algunas de las comunidades más vulnerables del mundo.

El informe, Balance de la década de la UNGASS: limitaciones, logros y vías para la reforma,evalúa los avances registrados desde la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre drogas (UNGASS) de 2016, ampliamente considerada como un posible punto de inflexión en la política mundial de drogas. Basándose en datos de la ONU, nueva investigación académica y las experiencias vividas de la sociedad civil y de las comunidades afectadas, el informe concluye que la promesa de la UNGASS sigue en gran medida incumplida, mientras la situación mundial de las drogas se vuelve cada vez más compleja, volátil y letal.

La política de drogas se ha convertido en una prueba clave para el multilateralismo — y su desempeño es profundamente preocupante. En el conjunto del sistema ONU, severas restricciones presupuestarias y procesos de reestructuración de gran escala se desarrollan en un contexto geopolítico cada vez más deteriorado. El espacio cívico se estrecha a escala global, mientras la retórica de la “guerra contra las drogas” — un legado de las décadas de 1970 y 1980 — recupera centralidad y se emplea crecientemente para justificar la militarización, la represión y violaciones del derecho internacional. En los últimos meses, esto ha incluido la instrumentalización, por parte de la administración Trump, de narrativas de “narcoterrorismo” para legitimar el uso de la fuerza extraterritorial y erosionar compromisos en materia de derechos, salud y desarrollo consagrados en el Documento Final de la UNGASS.

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, quien impulsó la UNGASS de 2016 y firma el prólogo del informe, advierte que las estrategias punitivas han fracasado de forma reiterada en ofrecer seguridad o justicia:

“La criminalización y las estrategias militarizadas han fracasado rotundamente. Solo desplazan los daños, enriqueciendo a las redes criminales y perjudicando a nuestras comunidades, nuestro medio ambiente y nuestra esperanza de paz. Este informe evidencia cuánto queda por hacer y señala el camino a seguir. Es hora de revisar la forma en que el mundo aborda las drogas, poniendo en el centro la vida, las comunidades y los derechos humanos.”

Pese a importantes avances normativos y reformas reales en un número creciente de países, el informe concluye que los enfoques punitivos y prohibicionistas siguen dominando la política internacional de drogas, con enormes costes humanos y financieros. Lejos de frenar los mercados de drogas, estas políticas han contribuido a su expansión y diversificación a gran escala, mientras que el número de personas que consumen drogas se estima en 316 millones en todo el mundo, un aumento del 28% desde 2016. Más allá de su fracaso para incidir en el comercio de drogas, las políticas represivas generan daños devastadores y evitables:

• 2,6 millones de muertes relacionadas con el consumo de drogas entre 2016 y 2021, con proyecciones que indican aumentos pronunciados desde entonces.
• Una de cada cinco personas privadas de libertad en el mundo lo está por delitos relacionados con drogas, lo que alimenta la encarcelación masiva y afecta de manera desproporcionada a comunidades marginadas.
• Más de 150 países informan de un acceso inadecuado a opioides para el tratamiento del dolor debido a controles excesivamente restrictivos sobre medicamentos esenciales.
• El uso creciente de la pena de muerte por delitos de drogas, que ha dado lugar a cientos de ejecuciones confirmadas y a muchas más que permanecen fuera de los registros públicos oficiales.
• El desplazamiento de actividades ilegales vinculadas a las drogas hacia regiones remotas y ambientalmente frágiles, como Centroamérica y la cuenca amazónica, como consecuencia de las políticas de interdicción y erradicación.

Ann Fordham, directora ejecutiva del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), señaló que los hallazgos del informe subrayan la urgencia de la reforma en un momento crítico para las Naciones Unidas:

“En un contexto de crisis profunda del multilateralismo, la política de drogas se perfila como uno de los ámbitos donde el sistema de la ONU ha fallado de forma más visible. Los enfoques punitivos cuestan vidas, erosionan los derechos humanos y desperdician recursos públicos, mientras silencian a las comunidades que aportan soluciones. Este informe pone de relieve la necesidad de avanzar hacia una verdadera reforma estructural.”

El informe se publica en un momento en que las Naciones Unidas se preparan para implementar reformas sistémicas y un panel independiente de expertos inicia una revisión del régimen internacional de fiscalización de drogas — una oportunidad excepcional para corregir el rumbo. El IDPC insta a los Estados Miembros a demostrar liderazgo político y a apostar por una modernización genuina. Esto incluye la actualización de tratados de fiscalización de drogas obsoletos, la reconfiguración de mandatos institucionales y la alineación de la política de drogas con los derechos humanos, la evidencia científica, la salud y el desarrollo sostenible — garantizando una participación significativa de la sociedad civil.

Sin esa visión y determinación, concluye el informe, el régimen internacional de fiscalización de drogas seguirá socavando los principios fundamentales sobre los que se fundaron las Naciones Unidas: la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo.

– FIN–

Notas

Sobre el informe: Balance de la década de la UNGASS: limitaciones, logros y vías para la reforma analiza la evolución de la política internacional de drogas durante la última década, a partir de conjuntos de datos de las Naciones Unidas, investigaciones académicas revisadas por pares, encuestas a organizaciones de la sociedad civil y testimonios de comunidades afectadas en todo el mundo. Disponible a partir del 3 de febrero de 2026: https://idpc.net/es/publications/2026/02/balance-de-la-decada-de-la-ungass-limitaciones-logros-y-vias-para-la-reforma. Para solicitar una copia bajo embargo, contactar a jfernandez[@]idpc.net.

Sobre el IDPC: El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) es una red global que agrupa a más de 200 organizaciones de la sociedad civil que promueven políticas de drogas basadas en los derechos humanos, la justicia social y la evidencia científica:www.idpc.net/about

Revisión por un panel de expertos independientes: En marzo de 2025, la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 68/6, mediante la cual se estableció un panel independiente de personas expertas encargado de revisar el régimen internacional de fiscalización de drogas — la primera revisión de este tipo en varias décadas. Información de contexto: https://idpc.net/blog/2025/03/cnd68-historic-vote-initiates-overdue-review-of-un-drug-control-machinery

Contacto para medios:

Juan Fernández Ochoa
Campaigns and Communications Manager, IDPC
jfernandez[@]idpc.net