Mientras las Naciones Unidas ponen en marcha una profunda reforma institucional, un nuevo informe del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) lanza una advertencia contundente: la política internacional de drogas está fracasando.
IDPC evalúa el estado actual de la política internacional de drogas, analizando los avances logrados, identificando desafíos nuevos y persistentes, y formulando recomendaciones para el futuro de dicha política.
Zuluaga Duque y coautoras evidencian cómo las políticas de sustitución de coca siguen minando la autonomía de las mujeres al pasar por alto sus condiciones de explotación y exclusión, a pesar de su centralidad en el cultivo.
La “guerra contra las drogas” contra la cocaína alimenta la deforestación amazónica, fortalece al crimen organizado y pone en peligro a las comunidades indígenas, lo que evidencia la necesidad de una reforma basada en los derechos.
COPOLAD muestra cómo estas iniciativas pueden promover la relevancia y la eficacia del desarrollo alternativo en territorios afectados por drogas distintos a los lugares rurales de cultivo ilícito.
Mientras un tercio se quedaría en Defensa y Policía, la mayoría de los fondos se dedicarán a inversión rural y desarrollo de productos legales a base de plantas bajo fiscalización.
El informe alternativo se basa en datos de informes oficiales de la ONU y de los gobiernos, publicaciones de la sociedad civil e investigaciones académicas, así como en una encuesta de la sociedad civil compartida por nuestra amplia red de organizaciones miembras y socias.
Si bien la nueva política es enfática sobre la protección de los derechos humanos y la inclusión de algunas comunidades marginadas, su capacidad de transformación dependerá de cómo se implemente.
Los estándares de participación y monitoreo del sistema de control social, así como sus consecuencias positivas, ofrecen aprendizajes para la regulación de los mercados de la coca y el cannabis.
Las políticas de "guerra contra las drogas" contribuyen a la destrucción de nuestro planeta. Por ello, la regulación ambientalmente sostenible debe formar parte de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático.
El TNI analiza el nexo entre drogas y el medio ambiente, sus implicancias para los trabajadores del campo, y cuestiona críticamente las respuestas de políticas de drogas y desarrollo a esta situación.
