IDPC y otras cinco organizaciones llamaron a la ONU a corregir injusticias históricas, respetar las perspectivas indígenas y abordar los impactos nocivos de las políticas de drogas actuales.
EHRA, Union for Equity and Health y PULS instan al Comité a examinar las políticas punitivas de drogas de Moldavia, que criminalizan a las personas que usan drogas, restringen el acceso a la salud y al empleo, y profundizan el estigma.
IDPC y ONG aliadas exponen cómo las políticas de drogas militarizadas alimentan ejecuciones extrajudiciales y abusos sistémicos, y hacen un llamado urgente a reformas globales para proteger los derechos humanos y acabar con la falta de rendición de cuentas.
El SPT expone sus actividades recientes, advierte que las políticas represivas en materia de drogas contribuyen a la tortura y los malos tratos, y pide tratamientos, reducción de daños, y supervisión basados en pruebas y acceso voluntario.
Las observaciones finales del Comité sobre Filipinas y el Reino Unido incluyen recomendaciones claras para alinear la política de drogas con los derechos humanos.
La JIFE destaca la expansión de las drogas sintéticas ilícitas, los obstáculos en el acceso a medicamentos controlados y la eficacia de programas conexos.
IDPC, HRI y Youth RISE destacan cómo las políticas de drogas exacerban la pobreza a través de la exclusión de la vivienda, los beneficios sociales, la educación y el empleo, reforzando el estigma y la discriminación.
La 141ª reunión de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes dio lugar a un acuerdo de cooperación para mejorar la disponibilidad de medicamentos sujetos a fiscalización internacional.
El grupo experto observó cómo los centros privados para tratamiento de dependencia no están sujetos a control y supervisión adecuados, lo que alimenta violencia e injusticias contra personas que consumen drogas.
