Moshenska y Shelly sostienen que la arqueología del consumo de drogas puede arrojar luz sobre prácticas locales de salud pública y experiencias vividas, así como sobre el impacto de leyes nacionales e internacionales sobre el consumo de drogas.
Wisse et al. sostienen que cambios en las respuestas estatales al consumo de drogas y temas relacionados deben preparar el camino para el cambio positivo y sostenible en los sistemas sanitario y de justicia penal.
Rigoni et al. sugieren que, pese a los retos relacionados con la obtención de recursos, la sociedad civil puede aportar valor al monitoreo de la reducción de daños en la región.
El Departamento de Salud y SIIS Fundación Eguía-Careaga destaca el impacto desproporcionado del COVID-19 sobre las personas usuarias de drogas, en particular aquellas en situaciones de mayor vulnerabilidad.
EHRA examina los servicios para reducción de daños que brindan 10 países a personas que consumen drogas, en un entorno de emergencia de la salud pública.
HRI y el IDPC discuten algunos de los retos actuales y emergentes que enfrentan específicamente las personas detenidas por delitos relacionados con drogas, así como quienes consumen drogas y se encuentran en situación de detenidos.
Baltazar et al. arrojaron luz sobre el impacto positivo de acceder a centros de acogida y servicios relacionados, respecto a la salud de las personas que consumen drogas.
Plotko et al. encontraron que, en líneas generales, la educación referida a drogas para personas jóvenes en la región sigue basándose en el paradigma de “simplemente decir ‘NO’”.
El EMCDDA descubrió que la pandemia del coronavirus ha afectado la disponibilidad y demanda de servicios relacionados con drogas debido a la introducción de restricciones, distanciamiento físico, y políticas que limitan los servicios no referidos a emergencias.
