La sociedad civil exhorta a la Asamblea General a respaldar la incidencia en favor de un acceso justo e irrestricto a servicios de salud y reducción de daños.
EHRA brinda una serie de recomendaciones para quienes buscan ofrecer atención profesional e integral para mujeres que consumen drogas y experimentan violencia de género.
McDonald et al. sugieren que las explicaciones enfocadas en la edad resultan insuficientes para representar el acelerado número de muertes relacionadas con drogas, y piden una expansión de la provisión de servicios para la reducción de daños.
C-EHRN brinda asesoría para reducir los daños asociados con el consumo involuntario de cannabinoides sintéticos en contextos donde los servicios para verificación de drogas no están disponibles.
Youth RISE expone los temas clave que enfrentan las personas jóvenes que consumen drogas, al mismo tiempo que formula recomendaciones de políticas sobre cobertura universal de salud para poblaciones inadecuadamente atendidas.
HRI analiza las asignaciones de financiamiento para la reducción de daños en países de ingresos bajos y medios, advirtiendo una brecha que se ensancha en cuanto a fondos necesarios para satisfacer necesidades básicas de reducción de daños.
El IDPC resalta varios temas sistémicos prevalentes en cuanto a abusos a los derechos humanos dirigidos hacia personas retenidas contra su voluntad en centros para el tratamiento referido a drogas.
Elementa DDHH y ReverdeSer Colectivo retratan el impacto de la criminalización y el encarcelamiento en las personas judicializadas por posesión simple.
