Marín Llanes sugiere que el programa de sustitución de cultivos colombiano ha conllevado incrementos significativos en la inseguridad de las comunidades cocaleras.
Shirley-Beavan et al. urgen a los gobiernos a reconocer el impacto positivo en términos de salud y afirmación de derechos de los servicios de reducción de riesgos, en particular en tiempos de crisis.
Maghsoudi et al. consolidan la evidencia sobre los beneficios de estos servicios en relación al cambio de conductas y el monitoreo de los mercados, notando obstáculos en su acceso y lagunas en la investigación.
El TNI analiza el impacto de las tendencias mundiales sobre el mercado del opio y exhorta a las autoridades públicas a responder a los factores socio-estructurales que subyacen la participación de las comunidades cultivadoras en mercados ilícitos.
El IDPC pone de manifiesto ante el Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos las múltiples formas en que se niega a las personas que consumen drogas el acceso a servicios vitales de protección social.
INPUD presenta los principales mecanismos y procesos de derechos humanos y cómo han intervenido en protección de los derechos de las personas usuarias de drogas.
