La CIJ, junto con ONUSIDA y la OACDH, esbozan un enfoque basado en los derechos humanos para las leyes que penalizan conductas relacionadas con el sexo, el consumo de drogas, el VIH, la salud sexual y reproductiva, la carencia de vivienda y la pobreza.
Pamplin et al. sostienen que la persistencia de un entorno de criminalización más amplio y estructuralmente racista socava los cambios en cuanto a políticas orientadas a la salud pública, ocurridos en algunos estados de EE.UU. a través de las "Leyes del Buen Samaritano".
É de Lei documenta el recrudecimiento de la violencia policial durante y después del periodo de confinamiento por el COVID-19, así como las estrategias de reducción de daños y movilización comunitaria para resistir y luchar por los derechos de las personas habitantes de la zona.
Acción Andina explora las deficiencias de un marco legal que penaliza a las personas usuarias de drogas y ofrece recomendaciones hacia reformas que prioricen una respuesta socio-sanitarias.
C-EHRN ofrece una visión general del estado de la reducción de daños en la región, con especial atención a los servicios esenciales, la hepatitis C y las nuevas tendencias en materia de drogas.
La Red Europea de Reducción de Daños analiza lo que significa contar con una mayor participación de la comunidad en la investigación sobre reducción de daños, y cómo ello puede fomentar la creación de conocimientos más complejos y multidimensionales.
La campaña Apoye. No Castigue brinda una visión general de las actividades llevadas a cabo en el marco del Día de Acción Mundial 2022 las cuales, a su manera, contribuyeron a vincular procesos de formulación de políticas con la realidad en el terreno, a consolidar el poder de las personas, y a cuestionar su núcleo de criminalización.
Brewston y Hampton trazan un mapa de las interpretaciones de profesionales en los servicios referidos a drogas respecto a los objetivos de las políticas sobre estas sustancias, resaltando los cambios suscitados, de perspectivas puramente represivas a otras orientadas a la salud y el bienestar.
Yimsaard et al. señalan la necesidad de supervisar cuidadosamente el impacto de la legalización del cannabis sobre la salud pública de Tailandia, y subrayan que se debe disponer de lineamientos basados en evidencias para informar estrategias de prevención e implementar intervenciones para las poblaciones de riesgo, incluyendo a las personas adultas jóvenes.
Ramos et al. destacan que la experiencia boliviana con el control social de la coca deja varias lecciones replicables para los países de la región andina porque ha trazado un camino hacia la descriminalización de las actividades productivas con la hoja.
INPUD ofrece un recurso para elaborar recomendaciones de reforma legislativa y política con el fin de eliminar las barreras que impiden el acceso de las personas usuarias de drogas a los servicios esenciales relacionados con el VIH, así como a los servicios de reducción de daños y otros servicios sanitarios relacionados.
