Russoniello et al. analizan las disposiciones, primeras repercusiones, éxitos y retos de la Medida 110, una iniciativa sometida a votación en Oregón que descriminalizó la posesión de pequeñas cantidades de todas las drogas y asignó fondos vitales para servicios de salud orientados a personas que consumen drogas.
Liberty, Release y otras siete organizaciones ofrecen un plan para reparar el daño y construir una sociedad en la que toda persona joven tengan la oportunidad de desarrollarse.
C-EHRN subraya la importancia de la cooperación entre organizaciones de la sociedad civil y organismos estatales, emparejada por un adecuado financiamiento y un claro mandato a los proveedores de servicios, ante un panorama desafiante y en constante cambio respecto a la reducción de daños.
Kammersgaard subraya cómo las racionalidades y prácticas existentes asociadas a la prohibición a menudo se mantienen intactas en las propuestas de descriminalización, a pesar del impulso hacia enfoques de salud y derechos humanos.
El CGHE y el INHSU Prisiones señalan que las personas encarceladas sufren la mayor incidencia del virus de hepatitis C en todo el mundo y, por lo tanto, deberían tener derecho a acceder a los servicios relacionados con este virus, pero con demasiada frecuencia enfrentan una discriminación sistemática.
El IDPC subraya victorias políticas clave, como la lucha contra la discriminación racial en cuanto a políticas de drogas, el reconocimiento de la importancia de la reducción de daños para el derecho a la salud, la protección de los derechos de indígenas, y el fomento de la participación de organismos de derechos humanos de la ONU en los debates sobre políticas de drogas.
La ONUDD brinda información sobre un mercado en auge, resaltando un aumento del 35% en la producción mundial de cocaína tras una desaceleración inicial causada por la pandemia del COVID-19.
HRI documenta el drástico aumento de ejecuciones relacionadas con el narcotráfico ocurridas a lo largo de 2022, las respuestas inadecuadas de los actores institucionales, y la firme resistencia por parte de la sociedad civil.
La JIFE examina el funcionamiento del sistema internacional de fiscalización de drogas, dedicando un capítulo temático al análisis de la tendencia a legalizar el uso no médico del cannabis.
La CIJ, junto con ONUSIDA y la OACDH, esbozan un enfoque basado en los derechos humanos para las leyes que penalizan conductas relacionadas con el sexo, el consumo de drogas, el VIH, la salud sexual y reproductiva, la carencia de vivienda y la pobreza.
Pamplin et al. sostienen que la persistencia de un entorno de criminalización más amplio y estructuralmente racista socava los cambios en cuanto a políticas orientadas a la salud pública, ocurridos en algunos estados de EE.UU. a través de las "Leyes del Buen Samaritano".
É de Lei documenta el recrudecimiento de la violencia policial durante y después del periodo de confinamiento por el COVID-19, así como las estrategias de reducción de daños y movilización comunitaria para resistir y luchar por los derechos de las personas habitantes de la zona.
