Pivot Legal Society y VANDU brindan asesoría sobre organización para que los gobiernos locales eliminen las prácticas que ponen en peligro la vida de las personas que consumen drogas.
Movement for Family Power destacan los importantes pasos necesarios para poner fin a la guerra contra las drogas en las familias, como despenalizar el consumo de drogas por parte de los padres y eliminar las barreras al acceso a la atención sanitaria para dar prioridad al bienestar de las personas embarazadas y las familias oprimidas por los sistemas de control.
Este informe pone de relieve el poderoso impacto que las palabras que elegimos en nuestro lenguaje cotidiano pueden tener en la perpetuación del estigma de las personas que consumen drogas, y ofrece alternativas respetuosas y en primera persona.
El Grupo de Trabajo propone un despliegue escalonado, empezando por el cultivo doméstico y la descriminalización del consumo personal, para pasar después a un sistema de suministro estructurado en torno a dispensarios de propiedad estatal o con licencia estatal.
Metzineres y el IDPC ilustran a través de documentos oficiales, investigación y testimonios la necesidad de eliminar la discriminación, criminalización y violencia sistemática que sufren las mujeres y personas de género diverso que usan drogas.
A través de documentos oficiales, investigaciones y testimonios personales, Metzineres y el IDPC ilustran la necesidad de eliminar la discriminación, la criminalización y la violencia sistemática contra las mujeres y personas con género diverso que consumen drogas.
La Comunidad Nacional de Prácticas para un Suministro Más Seguro de Drogas sugiere que estos programas reducen las muertes y las sobredosis, fomentan la permanencia en servicios de salud, y mejoran una serie de resultados en materia de salud física y mental.
McNair et al. descubren que el tratamiento asistido con heroína reduce la dependencia a las drogas de la calle y favorece la permanencia en tratamiento.
Richardson et al. muestran cómo una aplicación altamente inconsistente de los dispositivos de protección contra la detención en casos de sobredosis se debe, entre otras cosas, a la escasa comprensión del marco legal por parte tanto de quienes consumen drogas como de la policía.
La Red Jurídica sobre el VIH aboga por un enfoque basado en los derechos humanos, centrado en intervenciones basadas en pruebas y culturalmente sensibles que adopten las formas indígenas de saber y hacer.
Magnolini et al. demuestran la importancia de estos servicios para ofrecer información y promover rendición de cuentas, al tiempo que subrayan obstáculos en el acceso.
