El OEDT arroja luz sobre las nuevas tendencias, retos e implicaciones políticas del consumo de drogas en Europa hasta finales de 2022, revelando una amplia disponibilidad de sustancias y una mayor necesidad de servicios de reducción de daños.
El Grupo de Referencia de ONUSIDA sobre VIH y Derechos Humanos sostiene que la criminalización es perjudicial y mortal, alimenta la pandemia del VIH y fomenta las violaciones de los derechos humanos.
La UNAD propone recomendaciones en términos de reformas a políticas penales, participación de la sociedad civil y mayor financiación a políticas de drogas y adicciones.
La Iniciativa Futuros Cívicos explora (entre otras "guerras") el impacto que la opresiva y militarizada "guerra contra las drogas" de Duterte tuvo en Filipinas sobre el espacio cívico de aquellas actores opuestos a las políticas referidas a drogas, y documenta los abusos cometidos en el marco de estas políticas.
Barnett et al. descubrieron que los afrodescendientes y otros grupos racializados de los EE.UU. tienen menos probabilidades de obtener recetas de buprenorfina, naloxona y benzodiacepinas que sus contrapartes caucásicos.
Rhodes y Lancaster sostienen que las respuestas estatales a las crisis de muertes por drogas rara vez tienen en cuenta las causas a largo plazo que impulsan una muerte prematura de quienes consumen drogas.
Sypsa et al. destacan la eficacia de los programas impulsados por pares para detectar precozmente un brote localizado de VIH y poner en marcha respuestas de salud para mitigarlo.
McLauchlan et al. exploran la recurrencia con la cual los políticos expresan su apoyo a la reforma de políticas sobre drogas sólo después de dejar sus cargos, lo que indica la necesidad de estudiar más de cerca los factores que influyen el respaldo público.
