A través de documentos oficiales, investigaciones y testimonios personales, Metzineres y el IDPC ilustran la necesidad de eliminar la discriminación, la criminalización y la violencia sistemática contra las mujeres y personas con género diverso que consumen drogas.
La Comunidad Nacional de Prácticas para un Suministro Más Seguro de Drogas sugiere que estos programas reducen las muertes y las sobredosis, fomentan la permanencia en servicios de salud, y mejoran una serie de resultados en materia de salud física y mental.
McNair et al. descubren que el tratamiento asistido con heroína reduce la dependencia a las drogas de la calle y favorece la permanencia en tratamiento.
Richardson et al. muestran cómo una aplicación altamente inconsistente de los dispositivos de protección contra la detención en casos de sobredosis se debe, entre otras cosas, a la escasa comprensión del marco legal por parte tanto de quienes consumen drogas como de la policía.
La Red Jurídica sobre el VIH aboga por un enfoque basado en los derechos humanos, centrado en intervenciones basadas en pruebas y culturalmente sensibles que adopten las formas indígenas de saber y hacer.
Magnolini et al. demuestran la importancia de estos servicios para ofrecer información y promover rendición de cuentas, al tiempo que subrayan obstáculos en el acceso.
Russoniello et al. analizan las disposiciones, primeras repercusiones, éxitos y retos de la Medida 110, una iniciativa sometida a votación en Oregón que descriminalizó la posesión de pequeñas cantidades de todas las drogas y asignó fondos vitales para servicios de salud orientados a personas que consumen drogas.
Liberty, Release y otras siete organizaciones ofrecen un plan para reparar el daño y construir una sociedad en la que toda persona joven tengan la oportunidad de desarrollarse.
C-EHRN subraya la importancia de la cooperación entre organizaciones de la sociedad civil y organismos estatales, emparejada por un adecuado financiamiento y un claro mandato a los proveedores de servicios, ante un panorama desafiante y en constante cambio respecto a la reducción de daños.
Kammersgaard subraya cómo las racionalidades y prácticas existentes asociadas a la prohibición a menudo se mantienen intactas en las propuestas de descriminalización, a pesar del impulso hacia enfoques de salud y derechos humanos.
El CGHE y el INHSU Prisiones señalan que las personas encarceladas sufren la mayor incidencia del virus de hepatitis C en todo el mundo y, por lo tanto, deberían tener derecho a acceder a los servicios relacionados con este virus, pero con demasiada frecuencia enfrentan una discriminación sistemática.
