El IDPC acoge con satisfacción la impresionante variedad de datos y análisis del informe, así como su atención a los impactos medioambientales; pero lamenta la continua falta de reconocimiento del impacto destructivo de las políticas punitivas de drogas, los abusos de los derechos humanos relacionados y las oportunidades para una reforma significativa.
Dejusticia defiende la importancia de un marco fiscal centrado en la financiación de los objetivos de reducir el mercado ilegal, preservar la salud pública y ayudar a las poblaciones afectadas por la política de drogas.
El TNI ilustra cómo significativas asimetrías de poder han permitido a las corporaciones definir sus condiciones de participación en los mercados emergentes de cannabis.
Junto al Urban Survivors Union y la Red de Investigadores de Drogas con Experiencia Vivida, la Drug Policy Alliance ofrece recomendaciones para empoderar a las comunidades participantes en la investigación y garantizar que éstas se beneficien de dichos estudios.
WHRIN, Frontline AIDS y la Academia para la Reducción de Daños Perinatales ofrecen lineamientos sobre capacitación referida a la salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que consumen drogas.
La coalición Acciones para el Cambio ofrece soluciones basadas en la evidencia para responder a los retos más urgentes en materia de drogas en Colombia.
WHRIN resume actividades lideradas por mujeres en 13 países para alentar la atención hacia el fracaso en términos de género de la prohibición de las drogas y la reforma de la demanda.
El CESeC presenta datos sobre los costes de la prohibición de las drogas para siete instituciones de los sistemas de justicia penal de los estados de Río de Janeiro y São Paulo.