PRI y TIJ ofrecen una visión general de la situación actual y destacan cómo la criminalización de las drogas sigue siendo un factor clave que contribuye al aumento de la población carcelaria mundial y al hacinamiento en las prisiones.
La UNAD propone recomendaciones en términos de reformas a políticas penales, participación de la sociedad civil y mayor financiación a políticas de drogas y adicciones.
C-EHRN discute cómo la atención integrada y focalizada en la persona significa situar a las personas y a las comunidades, y no a las enfermedades, en el centro de los sistemas de salud.
Pivot Legal Society y VANDU brindan asesoría sobre organización para que los gobiernos locales eliminen las prácticas que ponen en peligro la vida de las personas que consumen drogas.
Metzineres y el IDPC ilustran a través de documentos oficiales, investigación y testimonios la necesidad de eliminar la discriminación, criminalización y violencia sistemática que sufren las mujeres y personas de género diverso que usan drogas.
A través de documentos oficiales, investigaciones y testimonios personales, Metzineres y el IDPC ilustran la necesidad de eliminar la discriminación, la criminalización y la violencia sistemática contra las mujeres y personas con género diverso que consumen drogas.
La Red Jurídica sobre el VIH aboga por un enfoque basado en los derechos humanos, centrado en intervenciones basadas en pruebas y culturalmente sensibles que adopten las formas indígenas de saber y hacer.
Liberty, Release y otras siete organizaciones ofrecen un plan para reparar el daño y construir una sociedad en la que toda persona joven tengan la oportunidad de desarrollarse.
C-EHRN subraya la importancia de la cooperación entre organizaciones de la sociedad civil y organismos estatales, emparejada por un adecuado financiamiento y un claro mandato a los proveedores de servicios, ante un panorama desafiante y en constante cambio respecto a la reducción de daños.
É de Lei documenta el recrudecimiento de la violencia policial durante y después del periodo de confinamiento por el COVID-19, así como las estrategias de reducción de daños y movilización comunitaria para resistir y luchar por los derechos de las personas habitantes de la zona.
Acción Andina explora las deficiencias de un marco legal que penaliza a las personas usuarias de drogas y ofrece recomendaciones hacia reformas que prioricen una respuesta socio-sanitarias.
