Respuesta del IDPC al informe anual de la JIFE
Como siempre, el Informe ofrece algún material valioso y, en algunos aspectos, podría decirse que sigue en gran medida la línea de ediciones anteriores. En ese sentido, parece claro que el cambio de presidente no ha servido de mucho para alterar la cosmovisión de la Junta. El Informe sigue dando muestras de una considerable y preocupante reticencia selectiva, sobre todo con respecto a los derechos humanos. El texto también reitera la ya consolidada práctica de criticar los programas de marihuana medicinal (este año en Canadá, párr. 68, y los Estados Unidos, párr. 221) y el sistema de los coffee shops en los Países Bajos (párr. 757), y reserva una mención especial a las actividades del Foro Mundial contra las Drogas (párr. 747), algo que sugiere que solo las ONG que defienden y promueven el enfoque de ‘un mundo sin drogas’ están activas y cuentan con apoyos en todo el mundo.
Sin embargo, la principal preocupación que siente el IDPC frente al Informe es la cada vez más sutil –pero sin duda ilegítima– tendencia de la Junta a excederse en su mandato con respecto a la controvertida cuestión de la reforma de los tratados. Esto es cada vez más preocupante en un momento en que la comunidad internacional necesita asistencia técnica y asesoramiento en lugar de un simplista ‘los tratados dicen no’ en un área temática polifacética y transversal. En efecto, la Junta es un ente de vigilancia y no de protección de las convenciones y, como tal, debería estar trabajando para conciliar las diferencias entre las posiciones y perspectivas de los Estados a medida que se desarrollan los debates o, como en el caso de los Estados Unidos, cuando jurisdicciones en determinados países son fieles a las alternativas elegidas democráticamente al actual paradigma prohibicionista.
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