RightsCon reúne a la sociedad civil global, responsables políticos, personas expertas en tecnología y defensoras de derechos humanos para afrontar desafíos urgentes.
Schneider et al. sostienen que la criminalización del trabajo sexual y del uso de drogas empuja a las jóvenes trabajadoras sexuales a situaciones de mayor riesgo, socava la salud y los derechos, y llaman a la descriminalización, al suministro seguro y a la reducción de daños liderada por pares.
Los profundos recortes presupuestarios al pilar de derechos humanos de la ONU debilitarán gravemente la capacidad de la organización para prevenir abusos, proteger a personas defensoras y apoyar los derechos humanos.
La Corporación Mujeres Libres sostiene que cambiar el lenguaje con el que se nombra a las mujeres que están o han estado en prisión es un acto político esencial para desmontar el estigma, afirmar la dignidad y transformar las narrativas punitivas.
Grupos de la sociedad civil rechazan el uso del paradigma de la “guerra contra las drogas” para justificar presión, injerencia e intervención sobre Venezuela, y advierten sobre militarización, violaciones de derechos humanos y precedentes peligrosos en la región
Las y los activistas de Support. Don’t Punish impulsaron nuevas tácticas de incidencia y alianzas para avanzar en la reforma de las políticas de drogas basada en los derechos humanos en todo el mundo.
El informe demuestra que el uso tradicional de la hoja de coca es seguro, culturalmente regulado y respaldado por evidencia científica, cuestionando su actual clasificación internacional y prohibición.
La decisión de la OMS reabre un debate global sobre si la fiscalización internacional se basa en la protección de la salud, o se inclina por criterios desactualizados con sesgos coloniales y geopolíticos.
La JIFE advierte contra las respuestas extrajudiciales a los delitos de drogas y llama a un control de drogas basado en los derechos, proporcional y centrado en la salud.
Las organizaciones firmantes instan a los Estados miembros de la UE a revisar la Estrategia de Drogas propuesta y rechazar un Plan de Acción centrado únicamente en el tráfico, a fin de que la reducción de daños, la salud y los derechos humanos sigan siendo pilares de la política de drogas de la UE.
A medida que la retórica del “narcoterrorismo” se instrumentaliza para intensificar la “guerra contra las drogas”, este evento analiza sus consecuencias para los derechos humanos y los mecanismos necesarios para garantizar la rendición de cuentas y proteger el derecho internacional.
Romero señala que el desmantelamiento de la ayuda global y de las vías de participación cívica supone una amenaza existencial para los objetivos de gobernanza basada en derechos de la ONU.
