Las drogas entraron con fuerza en Portugal al terminar la dictadura. Llegaron de la mano de la libertad hasta crear una auténtica crisis social. “No había familia sin algún adicto”, recuerda João Goulão, director del Servicio de Intervención de Comportamientos Adictivos y Dependencias (SICAD). Los Gobiernos democráticos trataron de atajar el problema con mano dura: tolerancia cero con traficantes, y también con consumidores, a quienes les caía el peso del sistema penal si eran sorprendidos 

. Pero la situación no hacía sino empeorar: el consumo crecía al mismo ritmo que las enfermedades infecciosas y la saturación de las prisiones. Hasta abril de 1999. Hace 20 años el país dio un giro a sus políticas y lo convirtieron en un referente mundial.

Fue entonces cuando el Gobierno aprobó una nueva estrategia que se empezaría a implementar dos años después, tras largos debates con la sociedad civil y en el Parlamento. La legislación no era ni mucho menos revolucionaria: despenalizar el consumo a aquellos que portasen un máximo de 10 dosis de una determinada sustancia ilícita. No muy distinto de lo que sucede en España, por ejemplo. Pero lo que marcó la diferencia fue el cambio de sensibilidad hacia los drogodependientes: dejaron de ser tratados como a delincuentes, se aplicaron programas de atención, sustitución de heroína por metadona, se les incluyó en el sistema sanitario para atender sus enfermedades. Los resultados no tardaron en llegar. Aunque el consumo en general de estupefacientes no ha descendido, el de heroína y cocaína, dos de los más problemáticos, ha pasado de afectar al 1% de la población lusa a un 0,3%; las infecciones de VIH entre los consumidores han caído a la mitad (en el total de la población ha pasado de 104 nuevos casos al año por millón en 1999 a 4,2 en 2015), y la población carcelaria por motivos relacionados con drogas ha bajado del 75% al 45%, según datos de Agencia Piaget para el Desarrollo (Apdes).

Jose Queiroz, su director, define esta política como “una aproximación humanista que no juzga y se basa en la confianza y en la relación con la gente”. La ley puso las bases, pero de poco habría servido si no hubiera sido acompañada por medidas sociales y fondos destinados a servicios de lo que se conoce como reducción de daños, es decir, mitigar en lo posible las consecuencias negativas de las drogas desde una perspectiva no basada tanto en la persecución como en la información, la atención médica y los servicios a los adictos. Los más frecuentes son ofrecer materiales esterilizados a quienes se inyectan, metadona a los que buscan dejar la adicción a la heroína, espacios de consumo supervisado (también conocidos como narcosalas) o, según las tendencias más recientes y progresistas, centros donde examinar las sustancias para que los usuarios sepan exactamente qué se meten en el cuerpo. Cada vez más países, a través de ONG, proporcionan este servicio en lugares lúdicos, como festivales de música y, poco a poco, van abriendo sedes fijas, como sucede en el propio Portugal, Holanda o Suiza.

Cómo se convirtió Portugal en un referente mundial en la regulación de las drogas

El estado de Rio de Janeiro registró un número récord de muertes -un promedio de cinco por día- en operaciones policiales en el primer trimestre del año, pese a que la cifra general de muertes violentas se redujo significativamente.

El período coincide con los tres primeros meses de mandato del gobernador Wilson Witzel, electo en gran parte por estar alineado con la política de "mano dura" impulsada por el presidente Jair Bolsonaro para combatir la delincuencia.

Según las cifras del Instituto de Seguridad Pública del gobierno (ISP), 434 personas murieron "por intervención de un agente del Estado" entre enero y marzo, una cifra 17,9 por ciento superior a la registrada en el mismo período de 2018.

Se trata del trimestre con mayor número de muertes a manos de la policía desde que las autoridades iniciaron la serie estadística en 1998.

A fines de marzo, Witzel reconoció en una entrevista al periódico 

 que la policía ya estaba utilizando francotiradores para disparar a sospechosos, iniciativa que había causado polémica durante la campaña electoral.

"El protocolo es claro: si alguien está portando un fusil, tiene que ser neutralizado de forma letal", explicó el gobernador.

Rio de Janeiro registra récord de muertes a manos de la policía

Hace 25 años, Colombia tuvo la gran oportunidad de adoptar una política más humana, eficaz y democrática frente al problema del abuso de sustancias psicoactivas; pero malgastamos esa ocasión.

La oportunidad fue la sentencia C-221/94 de la Corte Constitucional, que hace exactamente 25 años declaró inconstitucionales las normas que penalizaban con cárcel el consumo de sustancias psicoactivas ilegales, como la cocaína o la marihuana.

El argumento esencial de la Corte fue que esas normas violaban la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad, pues la conducta del consumidor no afecta, en sí misma, derechos de otras personas, por lo que no podía ser penalizada, puesto que un Estado democrático, respetuoso de la libertad y del pluralismo, no puede imponer a la brava modelos de virtud, ni penalizar a un individuo por hacerse daño a sí mismo. Esto obviamente no excluye que se puedan castigar las eventuales conductas peligrosas cometidas por los consumidores de droga, como conducir bajo los efectos de la marihuana o del alcohol; pero se les sancionaría por esas conductas, mas no por ser consumidores.

Esa sentencia abría el paso a que Colombia desarrollara frente a las drogas una política de salud pública respetuosa de los derechos de los consumidores; pero eso no ocurrió porque los gobiernos que siguieron se dedicaron a criticar la sentencia y a intentar repenalizar el consumo. Por ejemplo, el entonces presidente, César Gaviria (quien afortunadamente hoy tiene en este tema posturas más razonables), planteó la realización de un referendo para oponerse a la sentencia. Por su parte, Álvaro Uribe (quien infortunadamente en este tema mantiene sus posturas irrazonables) realizó como presidente varios esfuerzos por repenalizar el consumo, hasta que obtuvo una victoria parcial. En 2009 logró que el Congreso aprobara una reforma constitucional que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas, pero no autoriza la penalización de los consumidores, con lo cual quedamos en una ambigua situación jurídica.

En estos 25 años, la investigación académica y muchas experiencias desarrolladas en ciertos países, como Holanda o Suiza, han agregado a los argumentos de la sentencia C-221/94, que siguen siendo válidos, una evidencia contundente, que refuerza la decisión de la Corte: la penalización del consumo de drogas, que se hace en nombre de la salud, es desastrosa para la salud pública y para los propios consumidores.

A 25 años de la sentencia C-221/94 en Colombia: una oportunidad perdida

 'guerra contra las drogas' está basada en la idea de que la represión contra las personas que usan drogas, o están involucradas en su comercio,

 hará que el uso de drogas desaparezca. Pero sabemos por experiencia que esto no es verdad”.

Con esta declaración, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dio inicio este domingo a la 26ª cumbre sobre reducción de
daños y descriminalización de consumidores de drogas en Oporto, Portugal, uno de los países líderes en este tema.

En su discurso, Bachelet reconoció el fracaso del prohibicionismo, y señaló que esta política, implementada por gobiernos durante décadas, no solo no ha logrado que los países estén libres de drogas, sino, por el contrario, 

“la cantidad de sustancias que producen y consumen es mayor que nunca”.



De acuerdo con cifras de la ONG Harm Reduction International (HRI), organizadora del evento, estas medidas, a su vez, han provocado el incremento significativo en muertes relacionadas con drogas -más de un 60 por ciento entre el 2000 y 2015, periodo en el cual se registraron más de 450.000 fallecimientos-.

Michelle Bachelet reconoce fracaso en la prohibición de las drogas

El gobierno mexicano prevé negociar con la Organización de las Naciones Unidas (

 ilícitas en México que actualmente se encuentran tipificadas en el marco legal, se expuso en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

El documento del proyecto de nación de la administración de 

 por la noche de ayer martes en donde será discutido y aprobado, señala que la estrategia de prohibición de drogas no ha dado resultados.

“La estrategia prohibicionista es ya insostenible, no sólo por la violencia que ha generado sino por sus malos resultados en materia de salud pública en la mayoría de los países en la que ha sido aplicada, esa estrategia no se ha traducido en una reducción del consume”, expone el 

Ante este panorama, el PND sostiene que la única alternativa es que el Estado renuncie a tratar de combatir las adiciones a través de la prohibición.

Negociar con EU y ONU la regulación de drogas en México, visión del gobierno al 2024

Las minorías étnicas siguen viéndose afectadas de manera desproporcionada por la aplicación de la ley y atendidas de forma inadecuada por el sistema sanitario. Más información, en inglés, está disponible abajo.

Although Roma people now compose the majority of the clients of many harm reduction services in many countries from the Baltic to the Balkans, racial justice as an issue is very rarely addressed by the harm reduction community in the region.

“What can parents do if their kid is drug dependent?” This question has been asked of me on various occasions. By reporters on the radio, by politicians at parliamentary committee meetings, and by teachers in schools. I have never felt so incapable and helpless to answer this question as when Roma parents asked me in one of the so called segregated settlements (some call them gypsy ghettos) in rural eastern Hungary. We were sitting in a crowded room full of men and women who previously told us that almost half of the teens in their community use synthetic cannabinoid products, dubbed “spice” in Western Europe and sold as “herbal” or “bio” on the Hungarian black market.

These names are misleading: they contain synthetic substances produced in labs in China and India and imported to Europe in powder form through the global online drug market. This powder is dissolved in acidic liquids and then sprayed onto herbs or tobacco. Unlike the natural plant, synthetic cannabinoids have more intense effects on the user and dependence develops easier and faster even among middle class kids – not to mention marginalised young people.

El color del uso de drogas en Europa Central y Oriental

La mayoría de los asesinatos tienen lugar en zonas con altos niveles de desigualdad en la tenencia de la tierra, poca o ninguna presencia del Estado y cultivos ilícitos. Más información, en inglés, está disponible abajo.

Human rights defenders from Colombia and Europe formally asked the International Criminal Court (ICC) to investigate the ongoing killing of social leaders in the South American country on Friday.

Social leaders, accompanied by opposition politicians, delivered the report to the ICC in The Hague, the Netherlands, in which they formally asked the court to open investigations into the systematic murders and who is behind them.

Local police said some 500 people from across Europe showed up at the ICC headquarters.

According to the organizations, Colombia’s failure to adequately investigate and try those behind the assassinations allows for international intervention.

The Colombian state is not itself competent to investigate the killings themselves, due to conflicts of interests, illegal elements active within state institutions, and a “clear lack of political will,” according to the report handed to the ICC.

Se solicita a la CPI que investigue formalmente los asesinatos en masa de líderes sociales en Colombia

La UE ha pedido a Sri Lanka y Maldivas que abandonen su posición sobre la pena de muerte por condenas relacionadas con las drogas. Más información, en inglés, está disponible abajo.

The Delegation of the European Union (EU) issues the following statement in agreement with the Embassies of France, Germany, Italy, Netherlands, Romania and the UK High Commission, the Embassies of Norway and Switzerland, as well as the High Commissions of Canada and Australia.

The Government of Sri Lanka has recently taken measures towards resuming executions and bringing an end to Sri Lanka's 43-year moratorium on the death penalty as part of its stepped up anti-drug policy. While acknowledging that combatting the proliferation of drugs is a serious challenge for countries around the world, and that action to counter the illicit drug trade is important and necessary, the evidence does not support the argument that the death penalty is an effective deterrent. We are ready to share our experiences in addressing the threat posed by drugs.

More than two-thirds of countries around the world, with a variety of legal systems, traditions, cultures and religious backgrounds, have either abolished the death penalty or do not practise it. The death penalty is an unacceptable denial of human dignity and integrity.

We call on the Sri Lankan Government to maintain its moratorium on the death penalty in line with its vote at the 73rd United Nations General Assembly in December 2018.

Declaración conjunta de la Unión Europea sobre la pena de muerte

Un número cada vez mayor de autoridades policiales reconocen los fracasos de la prohibición. Más información, en inglés, está disponible abajo.

A Police Statement of Support for Drug Policy Reform, launched at the UN in Vienna last week, said policy should aim to reduce risk and provide more humane responses.

The statement, initiated by Neil Woods, a former police officer who is now chair of LEAP UK (Law Enforcement Action Partnership), highlights the harm caused by drugs and calls for an end to the war on drugs. In its place, the statement argues that policy should concentrate on reducing risks, providing more humane responses, and lead to better health outcomes for the whole community.

The statement said that many “would argue further that not only have we consistently failed to achieve any significant beneficial outcomes from these policies, but that this approach has in fact been counter-productive”.

It said that police have been at the frontline of the “war on drugs” and that many have been weary of the poor health outcomes for all involved.

Additionally, many police are concerned about being automatically placed against everyday citizens while the system creates opportunities for corruption, generates profit for criminal and leads to violence.

While undermining human rights, the current model has failed to diminish the supply ad availability of drugs.

Llamamiento internacional de agentes policiales por la reforma de las políticas de drogas

Es evidente que el régimen vigente no funciona, por lo que se deben explorar alternativas innovadoras. Más información, en inglés, está disponible abajo.

Last week, the Home Office and Public Health England published the results of a new inquiry into the increase in crack cocaine use in England. It makes for difficult reading for anyone who thinks current drug policies are effective.

The report confirms what the United Nations says in its most recent status reports: that the global production of both cocaine and heroin has grown dramatically in recent years. This has a number of knock-on effects. It increases the supply, thereby incentivising dealers to expand their markets; it also leads to increased purity – the purity of crack in the UK, for instance, doubled from 2013-16. This means that dealers now compete on price, and that more dangerous products are more attractive to users.

We are now seeing crack suppliers engaging in the kind of two-for-one and happy hour promotions that many of us will recognise from the alcohol market. Competition is leading to demand stimulation that is both sophisticated and ruthless. In targeting people already using heroin, suppliers are creating new levels of demand for crack – which users report has shifted from an occasional ‘treat’ to the norm. All of this demand is serviced through efficient supply networks with little disruption from the police. One respondent describes it as being easier, and quicker, to buy crack than ordering a pizza – something that the Global Drug Survey has also observed.

El crack de cocaína y los argumentos a favor de la regulación

El Gobierno federal tiene la intención de asignar 30,5 millones de dólares extraordinarios durante cinco años para enfrentar la crisis que vive el país. Más información, en inglés, está disponible abajo.

More than 10,000 Canadians have died from opioid-related overdoses in two-and-a-half years, according to new data released by the Public Health Agency of Canada.

The new statistics, published on Wednesday, showed there were more than 10,300 deaths as a result of an apparent opioid-related overdose from January 2016 to September 2018.

During the first nine months of 2018 alone, PHAC said 3,286 Canadians died from apparent opioid-related overdoses. Of those deaths, the data shows that 93 per cent of them were accidental.

The deadly drug fentanyl was cited as a main contributor to the crisis, with fentanyl or fentanyl-related substances blamed for 73 per cent of the deaths from January to September 2018.

“The data show that fentanyl and other fentanyl-related substances continue to be a major driver of this crisis,” PHAC said in a statement.

The public health agency said the crisis is impacting the entire country, with British Columbia, Ontario, and Alberta seeing the highest rates of deaths.

Canadá: 10 000 muertes relacionadas con opioides registradas de 2016 a 2018

La Plataforma de Poblaciones Clave del País ha fortalecido las labores colectivas de comunicación e incidencia. Más información, en inglés, está disponible abajo.

In many countries, different key populations unite. They do it for the better representation of their interests in the development of public policy. This is often the alliance within one community, and less frequently – of several communities.

Four key populations in Ukraine – ex-prisoners, LGBT, people who use drugs (PUDs), sex workers (SW) – have their own self-organizations, being at different stages of development. There are communities with great experience in advocacy and work with international donors, but there are those that are at the initial stage of development. They grow stronger with the support from more experienced activists.

“Despite growing importance of the community voice in decision-making processes related to access to health and social services, very often representatives of HIV-service organisations speak on behalf of key populations rather than community representatives. Having the voices of community directly heard leads to a situation where the actual needs of key communities are much better taken into account in programs planning and implementation”, says Olena Voskresenska, executive director of ICF “AIDS Foundation East-West” (

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