En el sudeste asiático, el uso de penas de prisión severas y la pena de muerte para los delitos relacionados con las drogas no han logrado reducir los mercados de drogas.
Mientras el Gobierno colombiano anuncia una nueva ola de represión contra las comunidades cocaleras, el caso de Bolivia demuestra que la regulación puede resultar viable y eficaz.
En un contexto de aumento constante de la deuda nacional de Japón, el Gobierno está estudiando los beneficios económicos de regular el uso del cannabis con fines médicos.
La Sra. Byanyima tiene a sus espaldas más de 30 años de experiencia en la lucha contra la epidemia del VIH en África y tiene una larga trayectoria como defensora de los derechos de las mujeres y el desarrollo en la región.
Enfermeras de la Columbia Británica unen fuerzas para poner de relieve que la penalización del uso de drogas alimenta las muertes por sobredosis, a pesar de los servicios de reducción de daños.
El número creciente de personas que se inyectan drogas en Myanmar exige una mayor accesibilidad a los servicios de reducción de daños, que cambian vidas.
Ahora se exigirá a la policía que evite el enjuiciamiento por el uso de drogas en los casos en que resulte más beneficioso un enfoque basado en la salud.
Es probable que la reforma, a pesar de que se presente como “estrategia basada en la salud”, perpetúe las vulnerabilidades que sufren quienes soportan la mayor carga de daños.
La penalización del uso de drogas afecta de manera desproporcionada a las minorías raciales y a las comunidades marginadas. Un marco para la regulación del cannabis debería tener en cuenta estas realidades, con el fin de evitar recrear estas mismas desigualdades.
Esta breve encuesta se ha concebido para evaluar los niveles de participación en el CSTF y el período de sesiones a nivel ministerial, así como la satisfacción con respecto a ambos, por parte de las organizaciones de la sociedad civil .
