El anuncio marca un claro distanciamiento con las políticas de drogas represivas y abre la puerta a complejas discusiones con instancias internacionales.
Las minorías étnicas siguen viéndose afectadas de manera desproporcionada por la aplicación de la ley y atendidas de forma inadecuada por el sistema sanitario.
La mayoría de los asesinatos tienen lugar en zonas con altos niveles de desigualdad en la tenencia de la tierra, poca o ninguna presencia del Estado y cultivos ilícitos.
El Gobierno federal tiene la intención de asignar 30,5 millones de dólares extraordinarios durante cinco años para enfrentar la crisis que vive el país.
El encarcelamiento en masa, la detención obligatoria y las ejecuciones solo han agravado los problemas relacionados con las drogas, lo cual perjudica a quienes ya se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Con motivo de la 26ª Conferencia Internacional sobre Reducción de Daños, que reúne a representantes de la sociedad civil y especialistas de todo el mundo en la ciudad de Porto, 334 ONG instan a la comunidad internacional a que enfrente la crisis global de salud y derechos humanos entre las personas que usan drogas.
¿Se mantendrán las políticas actuales de control de drogas aunque resulten contraproducentes a los principios y valores fundamentales del orden internacional?