El encarcelamiento de mujeres por delitos de drogas está aumentando rápidamente, lo que se traduce en violaciones de derechos humanos para ellas y sus familias.
24 autoridades expertas en derechos humanos se suman a este apremiante llamamiento para que los Estados miembros y los organismos internacionales sustituyan sus actuales políticas en materia de drogas por un enfoque de justicia integral, reparadora y reintegradora.
Al menos 30 personas se encuentran actualmente en el corredor de la muerte por drogas en Singapur y, por tanto, corren el riesgo inminente de ser ejecutadas.
El HRI, el IDPC y el CDPE arrojan luz sobre las repercusiones de las políticas punitivas en materia de drogas en las comunidades racializadas, incluso en relación con la vigilancia y la criminalización, y con el acceso limitado a los servicios sanitarios, de reducción de daños, de tratamiento y sociales.
Organizaciones de la sociedad civil, organismos profesionales y multitud de personas expertas piden al gobierno británico que garantice la implantación de centros de prevención de sobredosis.
La implicación de la policía es el principal factor disuasorio a la hora de buscar ayuda médica, y las activistas y grupos de incidencia política piden una mayor reducción de daños y una vigilancia menos agresiva de las personas asistentes a los festivales.
El documento de directrices, que en principio goza de un apoyo mayoritario en el Congreso, urge a las autoridades a diseñar un sistema regulatorio en los próximos seis meses
