De implementarse, las propuestas del gobierno británico empeorarían los resultados en términos de salud y vida para quienes ya cargan el peso del patrullaje referido a drogas: comunidades racializadas y de otro modo marginalizadas.
La determinación obligatoria de la pena de muerte y su uso en casos de delitos relacionados con drogas se contraponen a leyes y estándares internacionales de derechos humanos.
Las enmiendas propuestas a la legislación sobre drogas del país reducirían las sanciones por posesión de drogas y ofrecerían alternativas al encarcelamiento.
Campañas de represión, arrestos, encarcelamiento y abusos extrajudiciales están vinculados con resultados negativos de salud para las mujeres y mayor riesgo de sobredosis.
Con más de 85,000 personas diariamente en riesgo de sobredosis en Columbia Británica, los activistas están exhortando por acción decisiva y radical para salvar vidas.
El IDPC se unió a un grupo de 18 organizaciones que invocan a la Comisión de la UE a remediar la falta de financiamiento para trabajar en el lado de la demanda de drogas y la reducción de daños.
La atleta estadounidense es la más reciente víctima de la “guerra contra las drogas” en el país, la cual beneficia a la corrupción, el control social y político, y las maniobras geo-políticas del Kremlin.
En 2021 se advirtió un alarmante incremento global del número de ejecuciones y sentencias de muerte, las cuales aumentaron en 20% y 40% respectivamente, predominantemente debido a delitos relacionados con drogas.
El primer centro de su tipo en el Reino Unido, esta alianza entre múltiples agencias ofrece asesoría de salud personalizada junto con verificación de drogas.
El cultivo de opio es un medio de obtener el sustento para muchos afganos, razón por la cual la exigencia de erradicación por parte de la comunidad internacional puede ser catastrófica.
El nuevo presidente colombiano exhortó a crear una nueva convención internacional para superar los daños del prohibicionismo: atropellos a derechos humanos, fortalecimiento de actores informales y el debilitamiento del Estado
Alemania, Malta y Luxemburgo coinciden en la necesidad de desarrollar y compartir conocimientos sobre enfoques innovadores de la regulación del cannabis.
