El nuevo mercado regulado prioriza licencias para personas y comunidades afectadas por la guerra contra las drogas, incluyendo la provisión de asistencia financiera para emprendimientos.
La legislación, que permite la detención de personas que consumen drogas en centros controlados por militares, fue aprobada con apenas 23 votos a favor y 6 en contra, en un Parlamento compuesto por 225 curules.
El hecho de que el gobierno italiano utilice el mismo decreto ley para aplicar medidas de mano dura contra la asistencia a migrantes en peligro muestra que esta legislación no tiene nada que ver con la prevención y que sólo se trata de una maniobra política.
La ejecución, en su mayoría, de hombres pobres, de minorías étnicas, con una larga historia de marginalización y vulnerabilidad, no ayuda a crear comunidades más seguras y compasivas.
El proyecto de ley se traduciría en un aumento de los abusos contra los derechos humanos en nombre del control de drogas, entre otras cosas mediante la participación de las fuerzas armadas en el tratamiento y la ampliación de la detención obligatoria.
Activistas denunciaron que la medida supondrá fondos suplementarios para la policia y, al establecer umbrales muy bajos, perpetuará la intervención policial en la vida de las personas usuarias de drogas.
Bolivia exigirá a la OMS reconsiderar la estricta clasificación internacional de la coca, considerada como una anomalía histórica por el gobierno, investigadores y activistas.
En un reciente diálogo nacional organizado en colaboración con el IDPC, el Ministro del Interior expresó su apoyo a un enfoque más humano de la política de drogas.
