En un reciente diálogo nacional organizado en colaboración con el IDPC, el Ministro del Interior expresó su apoyo a un enfoque más humano de la política de drogas.
Las organizaciones de la sociedad civil instan a la directora de la ONUDD, Ghada Waly, a que pida a los Estados miembros que cambien sus políticas y prácticas en materia de drogas para cumplir la Declaración Universal de Derechos Humanos, y a que sitúen los derechos humanos en el centro de todas las dimensiones del trabajo de la ONUDD.
Los perfiles de las mujeres encarceladas son notablemente similares: la mayoría son madres, a menudo cabezas de familia solas, que provienen de situaciones de vulnerabilidad.
La guerra contra las drogas alimenta un sistema racista que concentra el poder al servicio de la blanquitud, perpetuando la violencia y exclusión contra comunidades negras.
La propuesta regularía la concesión de licencias para las actividades de producción, distribución y venta al menudeo, así como para establecer cooperativas de productores y permitir el cultivo individual para consumo personal.
Los ex-mandatarios abogaron por una regulación enmarcada en una agenda de derechos humanos que rechace la securitización y despenalice las relaciones que subyacen este mercado.
Los daños relacionados con las drogas se agravan, en lugar de reducirse, debido a la acción policial asociada con estas sustancias y la correspondiente criminalización, que ya perjudica a las mujeres de diversas formas específicas y generalizadas.
El IDPC se une a más de 30 organizaciones de la sociedad civil para instar a los organismos internacionales de control de drogas a que exhorten al gobierno de Arabia Saudita que detenga inmediatamente las ejecuciones por delitos de drogas.
