Pese a los daños y costos que la prohibición sigue ocasionando en toda Europa, es probable que los planes de Chequia para regular legalmente el cannabis sean impugnados por otros Estados miembros de la UE que se oponen a la medida.
La primera sala de inyección segura de Victoria obtiene el estatus de permanente, marcando un hito en los esfuerzos de reducción de daños y despertando la esperanza de un enfoque más compasivo y basado en pruebas hacia las personas usan drogas por inyección en Australia.
El primer espacio para inyección más segura de drogas en Victoria obtiene el estatus de permanente, marcando un hito en toda Australia respecto a los esfuerzos por la reducción de daños, y generando esperanzas en un enfoque basado en evidencias y con mayor compasión hacia quienes se inyectan drogas.
La escalada de la crisis subraya la necesidad de intervenciones de reducción de daños para mitigar la propagación de la infección y proteger a las personas empujadas a la vulnerabilidad.
Más de 3,000 personas son condenadas cada año por delitos menores relacionados con las drogas, perjudicando a las comunidades y desviando fondos públicos hacia la represión.
Los expertos acogieron con satisfacción la abolición de la pena de muerte obligatoria y la voluntad del gobierno de considerar la descriminalización, al tiempo que subrayaron que la criminalización no debe sustituirse por un tratamiento obligatorio.
Se han retractado ya dos de los 15 países que objetaron a la maniobra que Bolivia empleó en 2013 para legalizar el uso tradicional de la coca en relación a las normas internacionales.
Las organizaciones que trabajan para la reducción de daños advierten que esta ley socava los derechos y la dignidad de las personas, y que entorpecerá la respuesta del país ante el VIH.
La Declaración de Antipolo, bajo los auspicios del gobierno y de la ONU, se compromete a alinear las estrategias de control y tratamiento de drogas con los estándares internacionales, en colaboración con la sociedad civil.
Maydany Salcedo, lider cocalera, subraya la importancia del cese de la violencia a las comunidades cultivadoras, tanto de organizaciones criminales como por parte de las fuerzas del Estado.
El Gobierno afirma que se retiró del Estatuto de Roma antes de que se iniciara el procedimiento, pero el fiscal de la CPI se opone a tal interpretación porque ya se estaba realizando un estudio preliminar.