Transformar la política nacional de drogas en México: sobre el camino recorrido y el que falta
En México la política nacional de drogas ha mostrado avances significativos en el último sexenio, pero aún enfrenta desafíos importantes. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 introdujo un cambio de paradigma en el combate a las drogas, marcando un posible giro hacia una perspectiva menos punitiva. En el ámbito judicial y legislativo, se han dado pasos hacia la regulación del cannabis para uso adulto, la liberación de la naloxona para atender sobredosis por opioides y el fortalecimiento de un nuevo modelo de salud mental y adicciones. Este artículo ofrece un balance sobre los avances alcanzados, los retos persistentes y las oportunidades futuras de la próxima transición gubernamental.
Avances: entre aciertos y obstáculos
El inicio del sexenio trajo consigo la promesa de una reestructuración en la política de drogas, alejándose del enfoque punitivo y explorando un modelo de justicia transicional para traer paz a nuestro país. Este cambio reconoció el impacto negativo de la guerra contra las drogas y sus consecuencias para la población y el territorio nacional. Durante este periodo, se crearon espacios de diálogo con diversos actores sociales, marcando un hecho histórico en el diseño de la nueva política de drogas.
La Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones “Juntos por la Paz” fue un intento de abordar las desigualdades y acercar los servicios de salud a las poblaciones vulneradas, abandonando el enfoque de criminalización. Sin embargo, la fase de implementación mostró contradicciones y desvíos de las directrices iniciales, lo que complicó la ejecución efectiva de la estrategia.
En contraste, la Ciudad de México avanzó con dos iniciativas clave. En 2021, se inauguraron los Centros Colibrí en la alcaldía Iztapalapa, como parte de las UTOPÍAS, ofreciendo un enfoque más humano y centrado en la salud pública. Además, en 2023 se estableció el Comité Interinstitucional de Reducción de Riesgos y Daños, promoviendo una colaboración entre el gobierno y la sociedad civil para ampliar los servicios de reducción de riesgos y daños. Sin embargo, persisten obstáculos en las políticas estatales debido a la falta de integración intersectorial y la continuidad de la criminalización.
A nivel federal, se avanzó en la regulación del cannabis y en la ley de amnistía, aunque estos esfuerzos encontraron limitaciones. La jurisprudencia de la SCJN en 2019 permitió la discusión legislativa sobre el uso adulto del cannabis, pero aún falta un marco legal integral que regule su producción y distribución. La Ley de Amnistía de 2020 también enfrentó obstáculos que limitaron su efectividad en la liberación de personas sentenciadas por delitos relacionados con drogas.
En 2022, se presentó una iniciativa para eliminar la naloxona de la lista de sustancias psicotrópicas, facilitando su acceso sin receta médica. A pesar de su importancia en la prevención de sobredosis fatales por opioides, su disponibilidad sigue siendo limitada, especialmente en las ciudades fronterizas. La Reforma 131, que busca abordar el uso de sustancias psicoactivas y la salud mental con un enfoque comunitario y de reducción de riesgos y daños, también ha sido un avance relevante y su implementación es clave en el cambio de paradigma.