La Coalición Canadiense de Políticas sobre Drogas presenta seis recomendaciones que debería aplicar el Gobierno federal para limitar los daños relacionados con las drogas.
Human Rights Watch analiza la crisis de los opioides en los Estados Unidos, repasando sus orígenes y planteando posibles soluciones basadas en la reducción de daños y los derechos humanos.
El IDPC y PRI examinan el documento final de la UNGASS y las posibilidades sin precedentes que ofrece para promover la reforma de la justicia penal y otras opciones en materia de políticas de drogas basadas en principios fundamentales de las Naciones Unidas.
La OMS explica que en los países de ingresos bajos y medianos no se ha prestado la atención suficiente al acceso a los medicamentos para luchar contra enfermedades no transmisibles.
Khalid Tinasti, Ann Fordham y David Bewley-Taylor se preguntan cómo influirá el nuevo liderazgo de la OMS y el PNUD sobre las posiciones de estos organismos con respecto a las políticas de drogas y la reducción de daños.
RAND Europe analiza las dimensiones y el alcance del comercio de drogas facilitado por internet, prestando una especial atención a los Países Bajos, y plantea posibles opciones para promover las actividades de detección e intervención por parte de las autoridades policiales.
Estadísticas Sanitarias Mundiales, una publicación de la OMS, representa un primer esfuerzo por reunir los datos disponibles sobre el objetivo de desarrollo sostenible relativo a la salud y los indicadores en este ámbito.
Shanahan et al. demuestran que no existe una diferencia en el uso de cannabis entre los grupos condenados y los grupos amonestados, pero los sistemas de amonestaciones son notablemente más baratos.
HRI ofrece una panorámica de las inversiones efectuadas en el ámbito de la reducción de daños en 18 Estados miembros de la UE en un contexto de austeridad, retirada de los donantes internacionales y escaso apoyo político.
El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) propone establecer un conjunto de 12 indicadores, consensuados y validados a escala internacional, para supervisar la prestación de servicios de reducción de daños.
Amnesty International ofrece una visión de conjunto sobre la aplicación de la pena de muerte en el mundo, incluyendo los casos relativos a delitos de drogas, una práctica que contraviene la legislación internacional.
El IDPC insta a los líderes africanos a adoptar una respuesta equilibrada a las drogas con el fin de honrar sus compromisos regionales e internacionales en materia de derechos humanos.
