El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) propone establecer un conjunto de 12 indicadores, consensuados y validados a escala internacional, para supervisar la prestación de servicios de reducción de daños.
Amnesty International ofrece una visión de conjunto sobre la aplicación de la pena de muerte en el mundo, incluyendo los casos relativos a delitos de drogas, una práctica que contraviene la legislación internacional.
El IDPC insta a los líderes africanos a adoptar una respuesta equilibrada a las drogas con el fin de honrar sus compromisos regionales e internacionales en materia de derechos humanos.
La OMS provee estimaciones sobre la prevalencia de la hepatitis viral y establece una base de referencia para medir los avances hacia los objetivos de 2030.
Cerda y Kilmer explican por qué el enfoque intermedio de Uruguay con respecto a la oferta de cannabis se sitúa entre las dos opciones que se suelen debatir en los Estados Unidos: la prohibición frente al modelo comercial estándar.
Csete y Wolfe advierten de que, aunque el enfoque de la salud pública está ganando terreno a escala internacional, muchos ‘tratamientos’ no son ni voluntarios ni están basados en pruebas empíricas.
Esta guía ofrece a las organizaciones de la sociedad civil consejos, ejemplos de prácticas óptimas y recursos con el fin de optimizar su participación en el tercer ciclo del examen periódico universal.
El Departamento de Comunidad, Derechos y Género del Fondo Mundial comparte hallazgos, conclusiones y recomendaciones para mejorar el compromiso significativo de las comunidades en todas las etapas de subvenciones del Fondo Mundial.
La JIFE señala que el sufrimiento innecesario debido a los obstáculos administrativos o jurídicos representa un escándalo y un fracaso de la fiscalización internacional de estupefacientes.
La JIFE subraya la importancia de contar con respuestas proporcionadas a los delitos de drogas, recordando que las convenciones prevén alternativas a la condena y el castigo.
Jérôme Mangelinckx analiza los efectos de las políticas de drogas nacionales en los prisioneros y poblaciones en situación de vulnerabilidad, incluyendo a las mujeres, niños y correos de droga.