Michaud y otros analizan el discurso público en torno al suministro más seguro, resaltando las implicaciones del pánico moral para las personas usuarias de drogas y el acceso a la salud.
EuroNPUD explora las pruebas de detección ofrecidas por la comunidad y la integración a la prestación de salud, evaluando mejores prácticas y actitudes sobre estos servicios.
IDPC y otras organizaciones alientan a reconocer los efectos nocivos de la criminalización del consumo de drogas y el trabajo sexual en relación con la acción policial sobre las personas que viven en la pobreza en espacios públicos.
Youth RISE, SSDP International y Young Wave presentan un marco de sostenibilidad para desarrollar habilidades, conocimientos, redes y estrategias para las juventudes en organizaciones relacionadas con las drogas a nivel internacional.
ICEERS publica un informe que analiza el estatus legal de la ayahuasca dentro de la ley portuguesa de drogas y aboga por más claridad legal y protección consistente contra la criminalización.
Más de 30 organizaciones europeas reconocen el fracaso de las políticas de drogas y exigen un nuevo enfoque que priorice la salud, los derechos y la participación comunitaria.
Elementa resume herramientas para ayudar a reorientar narrativas periodísticas y discursivas sobre mujeres y drogas a través de un enfoque de género y el contexto.
IDPC, HON, IDUCARE y SPINN describen los obstáculos encontrados en la realización de los derechos humanos, presentan buenas prácticas de atención y apoyo y proponen reformas.
ONUSIDA subraya la necesidad de ampliar la acción y la inversión en objetivos relacionados con el VIH para las personas usuarias de drogas a través de enfoques de salud pública.
La JIFE analiza la situación mundial de las drogas en relación con las políticas de fiscalización de estupefacientes y señala las crecientes reformas hacia mercados legalmente regulados para fines no médicos.
