El IDPC y APCOF resumen las discusiones de una reunión entre múltiples actores involucrados, abordando los vínculos entre criminalización y violaciones a los derechos humanos, novedades en cuanto a políticas regionales y vías para futuras reformas.
Padmanathan et al. señalan incrementos en el riesgo de autoagresión y suicidio en las primeras 4 semanas después de dejar la terapia con agonistas opiáceos, en comparación con períodos estables durante el tratamiento.
MPact, NSWP, INPUD y GATE describen prácticas óptimas y retos pendientes para garantizar la participación de la comunidad en mecanismos del Fondo Global.
Marín Llanes sugiere que el programa de sustitución de cultivos colombiano ha conllevado incrementos significativos en la inseguridad de las comunidades cocaleras.
Shirley-Beavan et al. urgen a los gobiernos a reconocer el impacto positivo en términos de salud y afirmación de derechos de los servicios de reducción de riesgos, en particular en tiempos de crisis.
Maghsoudi et al. consolidan la evidencia sobre los beneficios de estos servicios en relación al cambio de conductas y el monitoreo de los mercados, notando obstáculos en su acceso y lagunas en la investigación.
El TNI analiza el impacto de las tendencias mundiales sobre el mercado del opio y exhorta a las autoridades públicas a responder a los factores socio-estructurales que subyacen la participación de las comunidades cultivadoras en mercados ilícitos.
El IDPC pone de manifiesto ante el Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos las múltiples formas en que se niega a las personas que consumen drogas el acceso a servicios vitales de protección social.
