Los artículos que integran este volumen abarcan cuestiones como el tratamiento forzado de drogas, la Convención de los Derechos del Niño, la JIFE y la ayahuasca, y la pena de muerte por delitos de drogas en China.
En diferentes momentos de la historia, la producción, el uso y la oferta de drogas se han presentado como amenazas a la seguridad, ya sea humana, nacional o internacional.
Este informe del IDPC ofrece una relación detallada de los principales debates y actos que tuvieron lugar durante el 55º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes.
Ricardo Soberón es un abogado peruano. Ejerció la Presidencia Ejecutiva de DEVIDA entre Agosto del 2011 y el 10 de enero del 2012. Este documento ofrece sus reflexiones personales sobre su experiencia de gestión en el gobierno peruano.
Este documento ofrece información en torno a la prevención, atención y tratamiento del VHB, así como del impacto de este virus sobre la infección por VIH.
En este ensayo, Milton Romani, embajador especial de Uruguay para políticas de drogas y derechos humanos, analiza la variedad de temas que deberían ser abordados en un debate serio y democrático sobre las políticas de drogas.
Cada vez se hace más claro y existe un mayor consenso acerca de la reducción de daños como la mejor estrategia orientada a minimizar y prevenir los impactos negativos asociados con el consumo de sustancias psicoactivas; sea a un nivel individual o en un contexto social a pequeña o gran escala, esta filosofía logra un cúmulo de resultados beneficiosos en una proporción mucho mayor de lo que se ha visto nunca con otros modelos o estrategias y que se hace cada vez más evidente a nivel global.
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, DEVIDA, presenta la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016 para su aprobación por el Consejo de Ministros. Lo hace en cumplimiento del mandato institucional de diseñar y conducir la Política Nacional de carácter multisectorial de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el consumo de drogas, promoviendo el desarrollo integral y sostenible de las zonas cocaleras del país, en coordinación con los sectores competentes.
Este ensayo documenta la manera en que la estrategia antidrogas del gobierno federal, centrada en detener o abatir a los miembros de las organizaciones criminales, ha dispersado geográficamente la violencia. Con alarmantes cifras en la mano, Eduardo Guerrero propone el fin de esta estrategia punitiva, para abrir paso a otra de carácter disuasivo, que concentre sus esfuerzos en los crímenes que más lastiman a la sociedad
Los recientes esfuerzos de Río de Janeiro por establecer la presencia del Estado, ofrecer servicios gubernamentales y reducir los niveles de criminalidad en las favelas, los barrios pobres e ingobernados que se distribuyen por toda la ciudad, han sido ampliamente difundidos. En marzo de 2011, en ocasión de la visita del Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a una favela en el marco de su visita oficial a Brasil, las autoridades brasileñas presentaron un programa cuyo objetivo es, según los funcionarios responsables del proyecto, “recuperar para el Estado territorios pobres controlados por los narcotraficantes” y saldar “una enorme deuda social que se remonta a la colonización de estos barrios”.
Este año se cumple el quincuagésimo aniversario de la Convención Única de Estupefa- cientes de las Naciones Unidas, firmada el 30 de marzo de 1961. Fueron 73 los países repre- sentados en la conferencia que tuvo lugar en Nueva York entre el 24 de enero y el 25 de marzo de 1961, y que perseguía establecer unos cimientos sólidos para la fiscalización de los estupefacientes en la era de las Naciones Unidas de la posguerra.
