La INPUD demuestra cómo la mayor participación en el Fondo Global de personas que consumen drogas refuerza los programas para reducción de daños relacionados con drogas.
Mainline, MEWA y PHI esbozan cómo la violencia basada en el género contra las mujeres crea enormes barreras para el acceso a servicios de salud y tratamiento referido a drogas.
La Corporación Viso Mutop detalla agresiones al campesinado comprometido con la sustitución de cultivos y urge a las autoridades a garantizar sus derechos.
El IDPC arroja luz sobre las políticas nacionales de descongestión de prisiones durante la actual pandemia de COVID-19, destacando las oportunidades, los retos y las lecciones aprendidas.
O’Gorman y Schatz esbozan los beneficios de alianzas entre la sociedad civil e instituciones políticas para abordar las necesidades de personas que consumen drogas respecto a reducción de daños.
Diez años después de la adopción de las Reglas de Bangkok, los países han fracasado en gran medida en su aplicación, mientras que el número de mujeres encarceladas ha aumentado drásticamente.
Wisse et al. sostienen que cambios en las respuestas estatales al consumo de drogas y temas relacionados deben preparar el camino para el cambio positivo y sostenible en los sistemas sanitario y de justicia penal.
Rigoni et al. sugieren que, pese a los retos relacionados con la obtención de recursos, la sociedad civil puede aportar valor al monitoreo de la reducción de daños en la región.
