Las lecciones incluyen priorizar la reducción de daños, generar confianza, fortalecer comunidades, reducir el patrullaje, y evitar la culpa y estigmatización.
Dado que la pandemia del COVID-19, y las respuestas de los gobiernos a la misma, están exacerbando las desigualdades existentes que plantean riesgos y retos particulares a las personas que consumen drogas, los Estados deben aprovechar esta oportunidad para establecer políticas eficaces que protejan sus derechos.
Como a los agricultores les quedan hectáreas de hoja de coca pero no tienen medios para venderla y los cárteles están adaptando sus pautas de tráfico, las consecuencias económicas de la pandemia son cada vez más visibles.
La falta de acceso a servicios e insumos de salud básicos, el aislamiento forzoso e indefinido, los castigos corporales y psicológicos y el abuso sexual son algunas de las realidades que caracterizan la operación diaria y sistemática de estos centros.
Proveedores de servicios y redes comunitarias trabajan de la mano para responder a las necesidades de las personas usuarias de drogas en situación de calle.
Las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas cuyo sustento depende de la coca denuncian asesinatos y falta de compromiso con lo estipulado en el Acuerdo de Paz.
Este primer proyecto de base comunitaria para la reducción de daños, tratamiento y atención en Burma se propone mostrar que apoyar a las personas que consumen drogas resulta mucho más efectivo que castigar.
