Dado que en la actualidad se aplica un enfoque de salud pública para hacer frente a la pandemia, la falta de una reducción efectiva de los daños para las personas que consumen drogas es evidente.
Esos ataques contra los centros de tratamiento se han producido repetidamente en México y han sido recibidos con indiferencia social y abandono institucional.
El informe reciente de la ACNUDH confirma las preocupaciones relacionadas con los asesinatos generales y sistemáticos y la detención arbitraria en el marco de la "guerra contra las drogas".
La Asociación de Cultivadores y Productores de Marihuana afirma que la industria no fue diseñada con un criterio participativo, y que las regulaciones son inviables, restrictivas y draconianas.
El principal factor causal de la indigencia y el consumo de drogas es el mismo: Políticas que limitan la capacidad de las personas para cubrir sus necesidades diarias, tener empleo estable, costear un alquiler y ser parte de una comunidad estable.
Dada la abundancia de evidencias de que el patrullaje y la criminalización de personas que consumen drogas no funcionan, la necesidad de financiar acciones de reducción de daños nunca ha sido más obvia.
La Red de Políticas sobre Drogas de África Occidental (WADPN) ha brindado información confiable, equipos de protección, alimentos y artículos de aseo a personas que consumen drogas, al mismo tiempo que exhortan a las fuerzas del orden a reducir redadas y encarcelamientos.
