Volver a permitir la fumigación aérea con glifosato para combatir el tráfico ilícito de drogas en Colombia tendría repercusiones desproporcionadas para el medio ambiente y la salud pública.
La política de drogas colombiana ha dado la espalda al Acuerdo de Paz y se ha traducido en violencias y tragedia para un campesinado cuyo compromiso con la sustitución de cultivos no encuentra homólogos en el gobierno.
La CIDH debe actuar para responder a la emergencia sanitaria en las prisiones y sus impactos específicos y desproporcionados sobre las mujeres privadas de la libertad.
Organizaciones nacionales e internacionales hacen un llamamiento al gobierno colombiano para que no reactive su Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato.
Aunque el proyecto de ley deja de lado importantes disposiciones de justicia social propuestas por los defensores, refuerza un giro hemisférico hacia la regulación legal.
El régimen de Duterte está socavando el mero principio de presunción de inocencia, al expandir la cobertura legal para la destructiva “guerra contra las drogas”.
Dificultades que enfrentan activistas y algunas importantes reflexiones sobre las injusticias que confrontan las personas que consumen drogas en Túnez.
Aunque una mayoría de franceses están en favor de legalizar el cannabis para consumo personal, el país aún mantiene algunas de las leyes más severas sobre drogas.
El COVID-19 ha exacerbado inquietudes sobre racismo sistemático identificadas en cuando al acceso a servicios de salud para personas con dependencia a las drogas.
Los servicios para prevención del VIH en Rumania se ven forzados a ingeniárselas con lo que tienen dado que el gobierno desatiende sus pedidos de apoyo.
Mostrar las drogas como la causa y no como el síntoma de problemas estructurales, permite a los políticos armar una cortina de humo sobre fracasos en políticas para su propio beneficio.
