Si bien el sistema depende de la discreción policial, el cambio refuerza los llamados de activistas de enfocar las cuestiones de drogas desde una perspectiva de salud.
Los debates de alto nivel sobre la descriminalización de la posesión de drogas y cambios a criterios de imposición de sentencias no se han materializado, pese a la urgencia.
Al integrar a las personas usuarias en la distribución de naloxona y programas de derivación, el pañis ha reducido significativamente sus muertes por sobredosis.
Para afirmar los derechos, las políticas públicas deben rechazar tanto la criminalización como el paternalismo, buscando responder a las causas que subyacen la implicación en economías criminalizadas.
Deshacer los daños de las políticas punitivas sobre drogas y construir alternativas sostenibles requiere centrar las experiencias de las comunidades negras con la “guerra contra las drogas”.
