El Centro Colaborador de la OMS para la Reducción de Daños se encargará de aplicar intervenciones basadas en pruebas empíricas en el marco de la respuesta al VIH en Europa.
La red ANPUD considera que un reciente intento de defender los centros de ‘rehabilitación’ obligatoria basado en argumentos erróneos y estudios dudosos plantea una amenaza directa a los derechos humanos de las personas que usan drogas y a la dignidad de la sociedad en general.
Ponencia de Red Chilena Reducción de Daños en el primer seminario sobre políticas de drogas del Colegio Médico de Chile revisó las diferentes tendencias en políticas públicas nacionales e internacionales.
La marcha mundial por la marihuana en Perú demandó un cambio en las políticas del Estado por erradicar las drogas y su consumo, que han generado persistentes violaciones a derechos humanos.
Diputados salvadoreños de diferentes bancadas piden una apertura del debate sobre la ley de drogas en el país, uno de los principales lugares de tránsito de cocaína de la región, tras el fracaso del modelo prohibicionista.
La carta, enviada por 145 organizaciones Obama y a líderes mesoamericano, exige abandonar la estregia de militarización de la seguridad pública, que ha exacerbado la violencia y violaciones de derechos humanos.
La Federación Andaluza ENLACE, de entidades de Drogodependencias y Adicciones, VIH y Exclusión Social valora de manera muy positiva la iniciativa del Gobierno andaluz para hacer frente al gravísimo problema de exclusión social que vive un número creciente de personas y familias en nuestra comunidad autónoma y espera que no se olvide a los colectivos que ya antes de la crisis sufrían situaciones de exclusión social, como drogodependientes de larga duración, personas sin hogar, mujeres con especiales dificultades añadidas, personas privadas de libertad, etc.
Ciertamente, la situación de absoluta excepcionalidad que estamos viviendo, obliga a poner en marcha iniciativas que protejan a las personas y familias más vulnerables. En palabras de Antonio Escobar, presidente de ENLACE, “los recursos económicos de la Junta de Andalucía, que pertenecen a todas y todos los andaluces, deben volcarse en hacer frente a este drama humano”.
Por otro lado, ENLACE pide al Gobierno de Griñán que no se olvide de las personas que ya venían sufriendo exclusión social antes de que la crisis económica actual irrumpiera en Andalucía. Podría ser el caso de las personas drogodependientes más deterioradas, que en estos momentos no cuentan con programas como el “Andalucía Orienta”, que se ha mostrado imprescindible en un colectivo con muy poca formación y escasos hábitos laborales pues incidía en la preparación pre-laboral, siempre necesaria para situar a la persona en posición de búsqueda de empleo a largo plazo. O con los programas de reducción de daños para las personas consumidoras de drogas en activo, que se están viendo reducidos e incluso cancelados en todo el Estado.
Finalmente, la Federación Andaluza pide al equipo de Gobierno de la Junta de Andalucía que cuente con la experiencia y cercanía del tejido asociativo, con las redes del tercer sector y con los recursos ya existentes para llevar a cabo las medidas planeadas.
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Durante la Asamblea de la Unión Interparlamentaria, celebrada en Quito, Ecuador, cuatro ponentes expertos de Afganistán, Serbia, Uruguay y México discutieron si la legalización de las drogas podría servir para reducir la delincuencia organizada
