Al simplificar la compleja relación entre los actores estatales, los ciudadanos y las economías informales globalizadas de la droga, el término sirve a menudo para alimentar la estigmatización, los estereotipos nocivos y el aumento de la violencia.
Reformar las políticas de drogas, adoptar medidas no privativas de la libertad y luchar contra las causas profundas de la participación en actividades criminalizadas son algunas de las muchas formas en que los Estados pueden frenar el vertiginoso aumento del encarcelamiento femenino.
En lugar de redoblar las políticas prohibicionistas contraproducentes, los gobiernos deberían invertir en alternativas sanitarias basadas en pruebas, servicios de apoyo y mejores enfoques de la regulación, como un suministro más seguro.
Aunque las repercusiones a largo plazo de esta prohibición sobre la oferta mundial de heroína dependerán en gran medida de las posteriores posibles prohibiciones del cultivo y el comercio, los medios de subsistencia de miles de trabajadores sin tierra están en peligro.
El hundimiento de la reforma constitucional por un pequeño margen y la pobreza de los argumentos en contra indican la necesidad de continuar el trabajo de pedagogía sobre la importancia de los mercados regulados.
Aunque el informe explora los vínculos entre la política de drogas y el medio ambiente, no aborda el papel de la prohibición en la destrucción medioambiental.
Al fomentar un lucrativo mercado informal y ampliar el arsenal punitivo del Estado, la "guerra contra las drogas" refuerza los regímenes corruptos y autoritarios.
La autoorganización y la conciencia crítica sobre el papel del patriarcado, el racismo y la prohibición en la vida de las mujeres usuarias de crack son vías de empoderamiento y liberación.
El IDPC acoge con satisfacción el informe del gobierno escocés, que se centra acertadamente en la salud y los derechos humanos para lograr mejores resultados para las personas, sus comunidades y la sociedad en su conjunto.
Esta convocatoria apoyará a tres organizaciones con subvenciones de hasta 5.000 USD para llevar a cabo una defensa estratégica ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en relación con su observación general sobre la política en materia de drogas. Fecha límite para la presentación de solicitudes: 27 de julio de 2023.
La política punitiva contra las drogas en Francia sirve para encubrir las actuaciones policiales racistas y las actitudes estigmatizadoras hacia las poblaciones racializadas.
