En un momento en el que la cifra de muertes provocada por la guerra contra las drogas de Duterte en Filipinas supera las 7000, las organizaciones de la sociedad civil deben trabajar para proteger los derechos de las personas que usan drogas en Tailandia, Camboya e Indonesia.
Las revistas especializadas y los profesionales de la medicina tienen la responsabilidad de facilitar una comunicación clara y que beneficie a los pacientes.
Si bien la legislación presenta importantes limitaciones, representa un importante giro en la difícil relación del país con las sustancias fiscalizadas.
Al borde de la carretera que atraviesa la vereda de Travesías en Briceño, Antioquia, el tumulto agolpado bajo un techo de zinc dejaba intuir que algo grande sucedía.
Aunque muchos de los países de la región están aplicando políticas excesivamente represivas, otros están empezando a admitir las consecuencias negativas y a plantearse una posible reforma.
El anuncio llega después de que varias peticiones de autoridades de la ONU instaran a Filipinas a armonizar su estrategia interna de lucha contra las drogas con la normativa internacional.
El programa PEPFAR, GAVI y la Iniciativa Presidencial contra la Malaria tampoco se han visto afectados, aunque el presupuesto perjudicará a la financiación para luchar contra el VIH, la tuberculosis y la malaria.
Un grupo de madres y viudas ha interpuesto varias demandas contra una serie de agentes de la policía que consideran que estarían detrás del asesinato de sus hijos y maridos.
En enero de 2017, el Ministerio de Finanzas Ruso rechazó una petición de 1200 millones de dólares del Ministerio de Sanidad necesarios para poner en práctica la Estrategia Nacional contra el SIDA.
