El Gobierno proyecta indulto para reos con penas mínimas

El Ejecutivo informó que proyecta una Ley de Concesión de Indulto por Razones Humanitarias que prevé beneficiar al 40% de la población penal en Bolivia. La medida se aplicaría en cinco casos, entre ellos a presos por narcotráfico con penas mínimas y “primerizos” en la comisión de un delito.

El objetivo del proyecto de ley, al que accedió La Razón, es conceder indulto a los reclusos en forma condicional y por única vez. Se prevé que sea a través de un decreto supremo, norma que luego debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó a La Razón que la medida ya está proyectada y que todavía falta debatirla en el Órgano Ejecutivo. “El Gabinete Jurídico será la instancia que desarrollará el debate para que pueda presentar un informe técnico al Gabinete y, en función de eso, tomar la decisión política si se manda o no esta iniciativa a la ALP”, declaró.

En el Gabinete Jurídico participan los abogados que ven los asuntos jurídicos y judiciales del Estado, y está conformado por los ministerios de Transparencia, Justicia, Defensa, Gobierno y el despacho de Coordinación Intergubernamental.

Aplicación. De acuerdo con la norma prevista, se daría el indulto a personas menores de 21 años que cuenten con una sentencia condenatoria ejecutoriada, hasta 60 días después de promulgado el decreto, siempre y cuando hayan cumplido la tercera parte de la condena.

También se prevé aplicar el perdón a personas mayores de 60 años; a gente con grado de discapacidad grave o muy grave, debidamente certificada por la entidad competente; a aquellos privados de libertad con enfermedad terminal, certificada por una entidad competente y a quienes estén condenados a pena privativa de libertad hasta de ocho años.

En todos los casos se exige el requisito de que cuenten con una sentencia condenatoria ejecutoriada hasta dentro de los 60 días calendario siguientes a la promulgación de la norma legal por la Asamblea.

Si se considera que a la fecha la población penal en el país es de aproximadamente 13.500 privados de libertad, la medida beneficiaría a 5.000 reos, entre ellos encarcelados por narcotráfico con penas mínimas y “primerizos” en la comisión de un delito, además de ancianos y mujeres con niños menores que están en las cárceles, según el director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos.

Romero hizo notar que “los niveles de retardación de justicia son alarmantes” en el país y que, en muchos casos, “los internos no han sido objeto de una sentencia judicial y hasta ya han cumplido el tiempo que hipotéticamente deberían cumplir en caso de ser sancionados penalmente”.

Esta medida permitiría también aplacar el problema de hacinamiento en las cárceles del país, toda vez que algunos centros sobrepasaron su capacidad, como es el caso de Palmasola (varones), que fue diseñada para 600 y que hasta junio albergaba a 3.913 presos (552% de hacinamiento). De 27 penitenciarías en ciudades capitales e intermedias, sólo cinco tienen espacio para seguir recibiendo internos.

Exclusiones de la norma

Previsión

El indulto no se aplicaría a personas condenadas por delitos de corrupción, trata y tráfico de personas, robo agravado o delitos contra la libertad sexual. Tampoco se aplica en reincidentes.

Llanos exige fallos a jueces y fiscales

El pedido de sentencias por parte de los reclusos del país, debe ser escuchado por jueces y fiscales, administradores de Justicia que están llamados a emitir condenas, según sostuvo ayer el director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos.

Llanos, que desde el martes lleva adelante visitas a los seis penales del valle, advirtió que el hacinamiento y la deficiente infraestructura de la mayoría de los recintos son los mayores problemas para la dirección a su cargo.

“Tengo 2.000 (reclusos) sentenciados a nivel nacional y esto se puede manejar tranquilamente en los centros penitenciarios, pero cada día entran (detenidos) preventivos, ya tenemos 13.500 personas (presas) y el número se está incrementando. Nos encontramos en un embudo muy precario, la gente entra y entra, pero no sale”, apuntó la autoridad.

Indicó que sólo en el penal de San Antonio, en Cochabamba, el 94% de los detenidos son preventivos. “Esto es escandaloso”, dijo. Por ese motivo exigió a los jueces que trabajen. “Hay reclamos de los privados de libertad, pero los operadores de Justicia se hacen los desentendidos. Tanto fiscales como jueces muévanse; si son culpables (los presos, que) les den sanción; y si son inocentes, déjenlos en libertad. Ese sería mi pedido”, señaló el jefe penitenciario.

Según Llanos, la ley prevé que “la última ratio, la última razón, es el encarcelamiento. (Los jueces) deben recordar estas máximas a la hora de juzgar, no se preocupen si van a dar algunos beneficios, si alguien sale con detención domiciliaria, ¿creen que se va a escapar?; si lo hace, lo buscaremos, a nadie le gusta estar prófugo”, advirtió.

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