La Directora del IDPC, Ann Fordham, abogó por un proceso de transformación institucional que contribuya a un nuevo paradigma de las políticas sobre drogas.
El más reciente informe del ACNUDH abre una puerta única de diálogo entre Viena y Ginebra, entre la política de fiscalización de drogas y el respeto y la garantía de los derechos humanos.
Más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo instan a la comunidad internacional a atender la invocación del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para reformar el régimen mundial de control de drogas y las leyes nacionales sobre estas sustancias.
Ann Fordham (Directora Ejecutiva del IDPC) analiza las principales conclusiones y la importancia del último informe de la OACDH, señalando que su invocación a un cambio transformador incluye una recomendación sin precedentes para considerar la regulación responsable de los mercados de drogas ilegales.
El IDPC destaca los principales logros del informe de la OACDH correspondiente a 2023 sobre derechos humanos y políticas de drogas, y ofrece recomendaciones a los Estados miembros y organismos de la ONU para su aplicación efectiva.
La OACDH presenta al Consejo de Derechos Humanos su informe acerca del impacto del problema mundial de las drogas sobre los derechos humanos; el documento insta a los gestores de políticas a adoptar un enfoque de políticas de drogas centradas en la salud y los derechos humanos.
El IDPC, el CDPE, el Instituto RIA, el HRI y la Fundación Health[e] aportan datos y recomendaciones sobre la importancia de la descriminalización para el cumplimiento de los derechos humanos de las personas usuarias de drogas.
El IDPC hace un llamamiento al sistema de la ONU y a los Estados miembros para que inicien un proceso de evaluación del impacto del régimen mundial de control de drogas sobre los derechos humanos y propongan medidas concretas para su reforma y modernización.
La reciente resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre las implicaciones de la política de drogas para los derechos humanos representa la resolución más ambiciosa y progresista en la materia hasta la fecha, y debería influir en el resultado de la próxima revisión intermedia de 2024 de la Declaración Ministerial de 2019.
La CIJ, junto con ONUSIDA y la OACDH, esbozan un enfoque basado en los derechos humanos para las leyes que penalizan conductas relacionadas con el sexo, el consumo de drogas, el VIH, la salud sexual y reproductiva, la carencia de vivienda y la pobreza.