En conjunto, las recomendaciones, si se adoptan, representarían un reconocimiento formal de que los organismos gubernamentales del mundo se han equivocado con respecto a los daños a la marihuana y los beneficios terapéuticos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está pidiendo que se elimine a la marihuana (así como la resina de cannabis) de la Lista IV, la categoría más restrictiva de la convención sobre drogas de 1961. En esta categoría están las sustancias que se consideran particularmente dañinas y con beneficios médicos limitados.

Según un documento de la OMS que aún no se ha publicado formalmente pero al que ha tenido acceso Forbes, la organización también quiere que el delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) y sus isómeros se eliminen completamente de un tratado de drogas de 1971 por separado y se agreguen a la Lista I de la convención de 1961.

La OMS cambia su posición con respecto a la marihuana

Por Unidad de Investigación de El Telégrafo

De las 3.016 mujeres reclusas que existen actualmente en Ecuador, 2.859 están distribuidas en Centros de Privación de Libertad (CPL), la mayoría de ellas en tres provincias (ver infografía), purgando sentencia o afrontando un proceso judicial. Del total general, el 54,17% (1.634) han sido sancionadas por delitos vinculados al microtráfico de alcaloides, según cifras del Ministerio de Justicia.

La venta de drogas ha llevado a 1.600 mujeres a ser sancionadas con base en el Código Orgánico Integral Penal, 29 por la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (sustituida en 2015 por la Ley de Prevención del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Sujetas a Fiscalización) y cinco por el anterior Código Penal.

El 54% de presas en Ecuador están detenidas por drogas

La red de atención a las personas que usan drogas tiene una mirada marcada por el androcentrismo, por lo que las mujeres que usan drogas sufren más estigma que los hombres, lo que provoca el menor acceso de las mujeres a los recursos y servicios a la drogodependencia. Cuando las mujeres llegan, mayoritariamente es tarde porque sufren culpa, vergüenza y, en el caso de ser madres, miedo a la retirada de la custodia de los niños. Además, muchas veces los servicios no son adecuados para ellas porque no se las tiene en cuenta.

Para intentar cambiar esta situación nació ya hace unos años, Metzineres, un espacio exclusivo para mujeres de reducción de daños en el que lo más importante son las mujeres que acuden y sus necesidades. Para Aura Roig, especialista en drogas, género y reducción de daños de Metzineres, hace falta un cambio en las políticas y sobre todo frenar la guerra contra según qué drogas, ya que “sus consecuencias son peores, más problemáticas y han generado mucho más dolor que las mismas drogas”.

“Las mujeres que usan drogas se encuentran el estigma de pensar que este hecho las inhabilita para ser nada más”

El Parlamento de Israel otorgó este miércoles su aprobación final a una polémica ley que permitirá las exportaciones de marihuana con fines medicinales, una medida que probablemente incrementará con fuerza los ingresos estatales.

Los legisladores votaron por 21-0 a última hora del martes a favor del proyecto de ley, que aún necesita la aprobación de los ministros del gabinete y del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Israel da luz verde a la exportación de marihuana medicinal

El ministro de la Corte Suprema e integrante de la Sala Penal Lamberto Cisternas entrará el lunes 7 de enero a apoyar el cultivo personal para el uso medicinal de la marihuana. Fue invitado por la Comisión de Salud del Senado a exponer su postura como juez sobre la modificación al Código Sanitario que -de transformarse en la Ley de Cultivo Seguro- permitirá a pacientes de diversas enfermedades tener plantas de cannabis sativa en su casa sin ser perseguidos por la fiscalía.

El magistrado apoya la iniciativa con fines terapéuticos, “si alguien quiere seguir una línea de medicina alternativa y tomar algún producto que sea beneficioso, con algún respaldo, por supuesto, de tipo médico o de experiencia, yo creo que debe permitírsele hacerlo”.

Acá el gran punto es que la Ley 20.000 sanciona el tráfico y, en ese sentido, “nosotros como jueces tenemos que generarnos la convicción de que esa persona lo que pretende al cultivar es traficar, pero cuando nos enfrentamos a casos donde queda claro que el propósito es terapéutico, nosotros hemos anulado esas condenas. En esos casos, ha sido claro que se trataba de un consumo personal o con fines medicinales que no caen en el tipo penal que nosotros debemos sancionar”.

La persona debe acreditar que lo que está haciendo tiene una finalidad terapéutica, responder frente a la policía y frente al Ministerio Público y probar que su cultivo no estaba destinado al tráfico, sino que tiene un fin medicinal.

Lo que ahora pretende el proyecto de ley es que la persona pueda estar premunida con una certificación médica, con ciertos requisitos que le permitan acreditar ante la policía, el Ministerio Público y el tribunal que su consumo obedece a una prescripción del tipo médico.

Juez de la Corte Suprema de Chile apoya el uso medicinal de la marihuana

A pesar de los desafíos, los esfuerzos de la sociedad civil hacia la reforma de las políticas de drogas son más fuertes que nunca. Más información, en inglés, está disponible abajo.

Despite nearly a half-century of destructive and ineffective policy initiatives, the “war on drugs” rages on.

In Afghanistan and Colombia, opium poppy and coca cultivation are at some of the highest levels on record. Traffickers and other high-ranking actors in the illicit markets are as wealthy and powerful as ever. Meanwhile, the already-marginalized people who grow these plants—who are mostly peasants and small-scale farmers—continue to be the ones bearing the weight of criminalization.

The situation in the United States is hardly better. According to the Centers for Disease Control, nearly 72,000 people died because of an overdose in 2017 alone. For perspective, that is a higher death toll than all U.S. military casualties in the Vietnam and Iraq wars, combined. Yet many legislators in places such as Ohio and Maine are still resistant to the kind of public health interventions—such as supervised injection facilities—that have a proven track record of saving lives.

In countries such as Sri Lanka and Bangladesh, meanwhile, policymakers aren’t merely accepting a failed status quo—they’re actually going backward. Following the example set by the Philippines’ “war on drugs,” some nations are responding to policy failure with little more than vicious and deadly brute force.

Discouraging as this backsliding is, it isn’t the whole story. Positive changes are underway in the most unlikely of places. South Africa recently decriminalized the consumption of cannabis at home. Citizen action and grassroots mobilization in the United Kingdom lead to the government legalizing medical marijuana, and a range of countries, such as Ireland and Ghana, are considering the benefits of the decriminalization of drugs following the documented successes of Portugal’s progressive policies.

As the number of human rights abuses in name of the “war on drugs” have risen, so, too, has a robust network of drug policy reform advocates from around the world, all of whom are ready to challenge these human rights violations and push for better, smarter, and more humane solutions.

Over the last decade, the Open Society Global Drug Policy Program and its grantees have proudly supported these brave individuals and civil society groups. And together, we’ve won significant victories for the reform movement—and for the larger project of reducing the role of criminalization in drug control policy as much as possible while simultaneously advancing public safety and health.

In the face of backlash, in other words, the reform community is stronger than ever. And as we look back over the last 10 years of global drug policies, we can see four crucial areas where great strides have been made which the movement can build on in the years to come.

Una década crucial para el movimiento hacia el fin de la "guerra contra las drogas"

Los costos de la guerra contra las drogas se traducen en sufrimiento, muertes y oportunidades perdidas en todos los aspectos del mercado ilícito. Más información, en inglés, está disponible abajo.

Around the world, people have experienced one of the most widespread and shameful human rights failures of our time—the global war on drugs. Barely a day passes without some tragedy or abuse fuelled by misguided drug policies hitting the headlines. Day by day, the costs of the war on drugs are tallied in the suffering, death, and missed opportunities across the entire drugs market chain, from production to use.

Today, 70 years to the day since the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, we might pause to reflect on the totality of these daily injustices. Decades of experience tells us that on this day, we have a crucial question to ponder about our approach to drugs: what do we value more, living up to the promise of the Universal Declaration or chasing the illusion of a “drug-free society”?

Mensaje en el día mundial de los derechos humanos: Integremos los derechos humanos en la política de drogas mundial

En Georgia, Sudáfrica y México, tres decisiones judiciales ilustran la compleja interacción entre derechos humanos, consumo de cannabis e intervención estatal. Más información, en inglés, está disponible abajo.

In 2018 the highest courts in countries across three continents have asserted that state intervention in the private life of their citizens who wish to (grow and) use cannabis is not always justified.

In Georgia, on 30 July, the Constitutional Court decided that punishment of use of cannabis in private without a doctor’s prescription was in breach of Article 12 of the Constitution, which states ‘Everyone has the right to the free development of their personality’. The court found that the aims of protecting public health or public security could not justify state punishment of cannabis use in private. Penalising cultivation and possession for personal use were not contested in this case, and therefore not considered.

In South Africa, on 18 September, 10 judges of the Constitutional Court ruled that it was not reasonable to penalise an adult who cultivates, or uses, or possesses cannabis for personal consumption in private. The laws were incompatible with Article 14 of the Constitution, which states that ‘Everyone has the right to privacy which includes the right not to have […] their possessions seized’.

In Mexico, on 31 October, the Supreme Court gave its fifth judgement since 2015 stating that penalising private cultivation, possession and use of cannabis (and tetrahydrocannabinol) was unconstitutional, against the principle of free development of the personality. Other courts are obliged to follow Supreme Court judgements once five similar rulings have been delivered.

All three courts emphasised that any private use of cannabis should not be in the presence of children. The courts also commented on trends in international developments in cannabis policy and use. The Georgian court noted the increasing application of human rights law in modern legal standards, and the South African court ruled that such state interference is not justified ‘in open and democratic societies’.

In the 1988 UN Convention against trafficking, Article 3(2) states that a country should criminalise possession and cultivation for personal use ‘subject to its constitutional principles’. The court in Mexico stated that it upheld the constitutional principle of free development of personality and considered it was still in line with the Convention.

The European Convention on Human Rights, Article 8(1), states that ‘Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence’, with limits, and the ‘private life’ has been interpreted to include the right to develop one’s own personality.

El control del cannabis y el derecho a la privacidad

Un estudio en Reino Unido reportó una reducción de 95% en hospitalizaciones luego de la introducción de un servicio de verificación de sustancias. Más información, en inglés, está disponible abajo.

As Australian politicians continue to rule out pill testing at music festivals, New Zealand appears to be embracing the controversial practice.

The country's Police Minister Stuart Nash said on Tuesday the idea of independent pill testing tents was "a fantastic idea and should be installed at all our festivals".

"The war on drugs hasn't worked in the past 20 years, so it's time to change to a more compassionate and restorative approach," Mr Nash told New Zealand outlet stuff.co.nz.

"We know young people are taking them, so we have to be pragmatic about it and not bury our head in the sand," he said.

Nueva Zelanda acoge la verificación de sustancias mientras que la esfera política australiana se resiste

Según Reprieve, las ejecuciones se han duplicado bajo el reino de Mohammed bin Salman. Más información, en inglés, está disponible abajo.

Authorities in Saudi Arabia executed three people for non-violent drug offences on the first day of 2019, highlighting the continuation of brutal drug policies under Crown Prince Mohammed bin Salman.

Two Egyptian nationals, Ataiwi Suleiman and Sobhi Ouda, were executed for smuggling cannabis, as well as illegal opiates and amphetamines, while Pakistani national Nizar Ahmad Qal Ahmad was executed for trafficking heroin. The legitimacy of their convictions is highly disputable due to the prevalence of corruption, and the known use of torture, among Saudi authorities.

Saudi Arabia’s approach to drugs is based on a strict interpretation of Sharia law, meaning that drug offences are considered to be a crime against God. The Ministry of the Interior cited verse 5:33 of the Quran as justification for the executions: “[those] who make war upon Allah and His messenger and strive after corruption in the land will be [...] killed or crucified, or have their hands and feet on alternate sides cut off, or will be expelled out of the land".

Saudi Arabia traditionally executes people by beheading, although the state occasionally kills prisoners via firing squad.

As a report by Harm Reduction International has shown, Saudi Arabia is one of the world’s most prolific executioners, with drug-related executions making up a significant proportion of these deaths. The report warns of the likelihood of abuse and corruption within the Saudi judicial system; "one of the main concerns remains the extraction of ‘confessions’ under torture, duress or coercion, which are often the sole evidence used in death penalty cases".

Arabia Saudita comienza 2019 con tres ejecuciones por delitos de drogas

El Parlamento de Tailandia ha aprobado este martes el consumo de marihuana con fines medicinales, una medida que será promulgada una vez sea publicada por la Gaceta Oficial, según ha informado el diario local 'The Bangkok Post'.

El organismo, designado por la junta militar que gobierna el país, se ha pronunciado a favor del proyecto con 166 votos a favor y 13 abstenciones. De esta forma, quedará legalizada la producción, importación, exportación, posesión y uso de marihuana y productos del kratom --una planta de la familia de la del café-- para fines medicinales.

De esta forma, los consumidores podrán tener una cantidad específica para el tratamiento de enfermedades una vez presenten los certificados necesarios, emitidos por profesionales de la medicina o la medicina tradicional tailandesa.

Las licencias para la producción, importación, exportación, venta y posesión serán entregadas por las autoridades y cualquier persona que viole estos términos se expondrá a una pena de entre cinco y 15 años de cárcel y una multa de hasta un millón de baht (cerca de 26.900 euros).

El Parlamento de Tailandia aprueba el consumo de marihuana con fines medicinales

Nueva Zelanda celebrará un referéndum vinculante en 2020 para decidir si legaliza la marihuana recreativa, anunció hoy el ministro de Justicia, Andrew Little, una semana después de que el Parlamento diera luz verde al uso del cannabis con fines medicinales.

"Tenemos que afinar algunos detalles, pero estamos informando a la Comisión Electoral cuándo se tiene que celebrar", dijo el ministro del Partido Laborista a la prensa sobre el referendo que se celebrará junto a las elecciones generales de 2020.

Entre los detalles que aun se discuten está la redacción de la pregunta que se planteará en esta consulta popular, que es parte del acuerdo con el Partido Verde, uno de sus socios en el gobierno.

El líder del opositor Partido Nacional, Simon Bridges, en declaraciones a Radio New Zealand, criticó que se convoque el referendo al mismo tiempo que las elecciones, al considerarlo un gesto "cínico" que pretende distraer al electorado de "los asuntos centrales" como la gobernabilidad y la economía.

El Parlamento neozelandés aprobó el 11 de diciembre el uso medicinal de la marihuana, que pronto podrá ser adquirida en el país oceánico con una receta médica por los pacientes con dolores crónicos.

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