El número creciente de personas que se inyectan drogas en Myanmar exige una mayor accesibilidad a los servicios de reducción de daños, que cambian vidas.
Ahora se exigirá a la policía que evite el enjuiciamiento por el uso de drogas en los casos en que resulte más beneficioso un enfoque basado en la salud.
Es probable que la reforma, a pesar de que se presente como “estrategia basada en la salud”, perpetúe las vulnerabilidades que sufren quienes soportan la mayor carga de daños.
La penalización del uso de drogas afecta de manera desproporcionada a las minorías raciales y a las comunidades marginadas. Un marco para la regulación del cannabis debería tener en cuenta estas realidades, con el fin de evitar recrear estas mismas desigualdades.
Esta breve encuesta se ha concebido para evaluar los niveles de participación en el CSTF y el período de sesiones a nivel ministerial, así como la satisfacción con respecto a ambos, por parte de las organizaciones de la sociedad civil .
Ahora es el momento de tender puentes, no solo entre movimientos, sino también entre instituciones internacionales, con el fin de que la política de drogas se convierta en una cuestión de derechos humanos.
Las encuestas sugieren que la opinión pública británica con respecto a la regulación del cannabis y el acceso a la atención médica ha cambiado drásticamente en los últimos años.
Los enfoques en materia de fiscalización de drogas en la región, por lo general represivos, no han dado resultado, lo que ha allanado el camino al auge de alternativas.
Como consecuencia de la popularización y la nacionalización de los programas de reducción de daños en Europa Occidental, el activismo de base que creó el movimiento se está desvaneciendo y los avances se están ralentizando.