Durante los 19 días que dirigió el consejo antidrogas de Filipinas, la vicepresidenta del país y feroz opositora del régimen de Duterte se comprometió a poner fin a las ejecuciones extrajudiciales.
El Servicio Correccional considera que la iniciativa constituye un elemento importante en la lucha por limitar la transmisión de la hepatitis C y el VIH en los centros penitenciarios.
El Foro se reunió este mes para debatir una serie de temas relacionados con la política de drogas, así como para planificar actividades futuras en los próximos años.
