La asociación subraya que la criminalización de delitos de drogas no violentos afecta especialmente a las mujeres, y pide mayor uso de alternativas al encarcelamiento.
Más allá de la culpabilidad del ex presidente, el país debe emprender un proceso de rendición de cuentas y cambio para garantizar que esta tragedia no se repita.
La estigmatización, desigualdad racial y políticas restrictivas en la prescripción de fármacos siguen dificultando el acceso a tratamientos que salvan vidas, basados en evidencias.
La Directora del IDPC, Ann Fordham, abogó por un proceso de transformación institucional que contribuya a un nuevo paradigma de las políticas sobre drogas.
El espacio para consumo seguro en Oporto acoge a cientos de consumidores de drogas muy vulnerables que disfrutan de un espacio libre de juicios, que ofrece acceso ágil y voluntario a servicios de asistencia y apoyo.
En el acto se reconocieron los perjuicios de las políticas de drogas para los jóvenes y las personas marginadas, y se instó a dar prioridad al apoyo sobre el castigo.
El IDPC se une a más de 30 organizaciones de todo el mundo que piden que se ponga fin a la operación Yukthiya y que, en su lugar, se allane el acceso voluntario a una atención basada en pruebas.
