En un discurso característicamente plagado de improperios y amenazas, Duterte rechazó rendir cuentas por miles de ejecuciones extrajudiciales como parte de la “guerra contra las drogas” en el país.
Los siete principios se articulan de la siguiente manera: acatamiento de los derechos humanos, participación significativa, enfoque en riesgos y daños, pragmatismo, centralidad en la persona, evidencia, y rendición de cuentas.
Las incesantes pérdidas causadas por la crisis de sobredosis, magnificadas por la pandemia de COVID-19, implican un alto costo para quienes se encuentran en el núcleo mismo de la respuesta.
Experiencias de resiliencia ante los retos impuestos por pandemia del COVID-19 sobre la prestación de servicios y la salud de pacientes, subrayan la importancia de una significativa participación de las comunidades afectadas en la respuesta a eventos adversos.
Los recuerdos de nuestros seres queridos, así como el dolor causado por sus muertes prematuras, refuerzan nuestro compromiso con librar al mundo de la violencia y el abandono impuestos por los daños contra quienes consumen drogas.
Los principios de la justicia transicional, en particular en relación a la verdad, justicia, reparación y no repetición, ofrecen un marco útil para encarar la política de drogas.
Como los hábitos de consumo de drogas cambiaron durante la pandemia, será vital proporcionar lineamientos para respaldar la transición de regreso a la 'normalidad'.
Organizaciones de la sociedad civil exhortan a la CICAD a retomar el liderazgo que solía caracterizarle en generar debates sobre la eficacia y dirección de las políticas de drogas.
Las respuestas al VIH, las hepatitis víricas y las ITS deben basarse en las pruebas inequívocas que corroboran la importancia de la reducción de daños, la despenalización y el liderazgo comunitario.
Pese a tener la evidencia de su lado, organizaciones como la Fundación Andrey Rylkov enfrentan los retos de un gobierno aferrado a dañinos enfoques punitivos.
