Viva Rio ha organizado un concurso con el fin de seleccionar la mejor idea para una campaña que pudiera modificar las políticas de drogas en Brasil. Al concurso se han presentado 25 candidaturas, entre las cuales se cuentan agencias publicitarias y profesionales de la comunicación de todo el país (en inglés y en portugués brasileño).
La militarización de la estrategia de aplicación de la ley de drogas en México ha desembocado en consecuencias devastadoras en materia de seguridad y derechos humanos.
Es un placer para nosotros anunciar el lanzamiento de un nuevo recurso en nuestra página de Internet, titulado “Lo Más Sobresaliente de Nuestros Colegas”.
Además de las fuerzas de seguridad, el Morro de Santo Amaro fue ocupado por cerca de 200 asistentes sociales, psicólogos y educadores que ofrecerán ayuda a los dependientes de crack en diferentes puestos y durante 24 horas por día.
La iniciativa, desarrollada en redes sociales, medios de comunicación y entre los legisladores nacionales, busca promover el debate sobre temas clave en la reforma de la Ley de Estupefacientes de la Argentina.
Los diputados Ricardo Gil Lavedra (UCR), Diana Conti (FpV) y Victoria Donda (FAP) acordaron un borrador para despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal. Estará penado tener estupefacientes si es para comercializar.
El expresidente de Polonia, Aleksander Kwasniewski, se ha sumado a la Comisión Global sobre Políticas de Drogas para ayudar a reformar las leyes ineficaces y nocivas en este campo.
La red Organizaciones Juveniles para la Acción sobre Drogas (YODA), en colaboración con la organización Estudiantes por una Política de Drogas Sensata (SSDP), ha preguntado a jóvenes de todo el mundo cómo les afectan a ellos y a sus comunidades las actuales políticas en materia de drogas, y qué opinan sobre dichas políticas.
El titular de la Sedronar, Rafael Bielsa, inauguró un encuentro de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas reclamando “un debate abierto y sin prejuicios”. Pidió que los países puedan proponer sus propias políticas sobre drogas.
Más de 300 entidades y plataformas de todo el Estado denuncian graves recortes en el Sistema Nacional de Salud y el Plan Nacional del Sida que ponen en peligro la salud pública y vulneran los derechos humanos.
