En lugar de invertir en medidas ineficaces y costosas, el gobierno debe priorizar estrategias de reducción de daños que protejan vidas, como la verificación de sustancias.
Aunque el Territorio de la Capital Australiana (ACT) despenalizó el cultivo de cannabis, las restricciones siguen poniendo en riesgo legal a muchas personas.
Los centros de detención forzada para personas que usan drogas militarizan el tratamiento, ignorando la necesidad de un enfoque basado en la salud y la descriminalización.
El 2025 ofrece oportunidades para avanzar en la protección de los derechos humanos, incluyendo la regulación del cannabis, el apoyo a políticas de reducción de daños, y otras medidas reparatorias.
The Lancet hace un llamamiento para reparar los daños de las políticas punitivas contra las drogas, empezando por su derogación y una inversión adecuada en sistemas de atención y apoyo.
El gobierno de Costa Rica presenta un nuevo protocolo para ofrecer alternativas al encarcelamiento de mujeres en situaciones de vulnerabilidad que han cometido delitos menores de drogas.
La 141ª reunión de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes dio lugar a un acuerdo de cooperación para mejorar la disponibilidad de medicamentos sujetos a fiscalización internacional.
