El aumento de muertes y la inacción del gobierno han provocado que activistas creen clubes de compasión, distribuyendo drogas gratuitas y verificadas a los consumidores.
Representantes del gobierno sostienen que la prohibición ha fracasado en detener la expansión del mercado informal, prevenir daños, garantizar la seguridad y proteger la salud.
Si no aborda seriamente violaciones de los derechos humanos y promueve la reparación, el Programa Conjunto de la ONU en Filipinas corre el riesgo de institucionalizar estos abusos.
La reforma, que entrará en vigencia en 12 meses, reemplazará las acusaciones penales con una multa que puede ser condonada a cambio de la asistencia a un programa de derivación.
La propuesta de ley otorgaría a las autoridades amplias facultades para detener u torturar de manera arbitraria a quienes consumen drogas y casi a cualquier persona.
Aunque el gobierno colombiano deberá andar con mucho cuidado, cuenta con amplio margen para efectuar cambios sin provocar una reacción violenta por parte de Washington.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales instó a Guatemala y a Italia a adecuar sus políticas de drogas a las normas internacionales de derechos humanos, inclusive en relación con la descriminalización del uso de drogas.
Activistas recibieron con satisfacción la medida al tiempo que instaron al gobierno a aprobar leyes que pongan fin a la prohibición federal del cannabis y eliminen los antecedentes penales.
