Menos de un año después de inaugurarse, la sala para consumo de drogas fue clausurada, y su personal está siendo acusado de participar en una actividad ilegal.
Esta campaña consiste en una red de familias cuyas vidas han sido destrozadas por la legislación sobre drogas del Reino Unido. Lea las conmovedoras historias de estas familias, conozca más sobre los daños causados por las leyes punitivas sobre drogas y descubra cómo puede involucrarse en la campaña.
La Delegación de las ONG´s, que trabaja con un grupo asesor de la sociedad civil, presento fuertes puntos de decisión (PD), relacionados con el segmento temático de la 35ª reunión de la JCP sobre reducir a la mitad la transmisión del VIH entre usuarios de drogas inyectables.
El presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia, dijo ayer que el nuevo Código del Sistema Penal busca evitar la sobrecarga en el sistema judicial y en los centros penitenciarios del país con la incorporación de al menos 15 alternativas a la privación de libertad.
UNASUR acogió a representantes internacionales para promover una discusión sobre la reforma a la política de las drogas en los ámbitos nacionales y regionales, plantear alternativas de políticas públicas y buscar posturas conjuntas desde la Región con vistas a la UNGASS de 2016.
El 28 de julio de 2015, la OMS y sus asociados instarán a los formuladores de políticas, los trabajadores sanitarios y el público en general a que actúen ya para prevenir las infecciones y las muertes provocadas por el virus de la hepatitis.
Este video presenta el servicio de análisis de sustancias (SAS) que es ante todo una estrategia de reducción de daños que permite, mediante el diálogo con consumidores, brindar información sobre la calidad y composición de las sustancias.
Con el apoyo de 220 diputados, el país europeo podría despenalizar el consumo y autocultivo de cannabis así como regular la venta oficial a nivel estatal del mismo.
El gobierno peruano de Humala se ha mantenido “secuestrado” por una política internacional fracasada que será objeto de evaluación en la Asamblea General de la ONU en 2016.
Las políticas de drogas en Chile se rigen por la ley 20.000 y es un asunto que hace parte de la política criminal del Estado, tal cual lo determinan las convenciones internacionales de drogas de las Naciones Unidas y no como un asunto de salud pública.