El creciente numero de estados optando por alternativas en materia de política de drogas pudiese dejar los tratados internacionales sobre drogas obsoletos.
La ONU ha hecho un llamado para recibir información sobre desarrollos acaecidos desde el 18 de diciembre de 2014 en materia de la moratoria al uso de la pena de muerte.
En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se presentó una guía para la reforma política en América Latina y el Caribe con el fin de aportar alternativas prácticas y remedios al desproporcional incremento de mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas.
El documento final de la UNGASS no parece indicar que los países se encuentren en mejor disposición de reducir los problemas de salud, sociales y económicos asociados con los mercados ilícitos de drogas.
A pesar de la significativa inversión de recursos estatales en iniciativas represivas para que la policía efectúe redadas, detenciones e incautaciones para abordar el problema de las drogas, en las Filipinas sigue prosperando un violento mercado delictivo.
El documento final de la UNGASS pone de manifiesto una perspectiva limitada del impacto negativo de las convenciones de fiscalización internacional de drogas sobre la salud pública.
Es fundamental reformar las políticas de drogas para proteger los derechos humanos de las comunidades cultivadoras, y garantizar que puedan ganarse la vida con sus tierras.
Suiza y otros países, como Portugal y Uruguay, han puesto en marcha políticas centradas en las personas, orientadas a la salud y, sobre todo, concebidas para mantener a las personas con vida, y todo ello respetando los derechos humanos.
La primera sesión especial de la ONU en abordar la política global de drogas en 20 años vivió momentos tensos por el uso de la pena de muerte para delitos relacionados con drogas.