En el marco de la campaña Apoye. No Castigue, las asociaciones que hacen parte del IDPC en Colombia organizaron un coloquio con cultivadores, usuarios y activistas.
En Asia, las políticas de drogas se utilizan para menoscabar los derechos humanos y silenciar las voces disidentes. Esta relación de rivalidad entre el Estado y la ciudadanía desplaza la responsabilidad del Estado de proteger a su población.
El proyecto de ley, por el que la posesión personal de las drogas de la Lista I y II pasaría de ser un delito grave a un delito menor, ya se ha aprobado en la Cámara y el Senado estatales.
La Fundación sobre Drogas de Nueva Zelanda (NZDF) ha propuesto una nueva ley sobre drogas que despenalizaría todas las sustancias y crearía un mercado de cannabis regulado.
Un equipo científico de la Universidad Johns Hopkins afirma que las personas que usan drogas con fines recreativos quizá optarían por no tomarlas si supieran que las píldoras están adulteradas.
El fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, tiene la intención de que su país vuelva a la década de 1980, ignorando las pruebas empíricas y fomentando modelos obsoletos de educación y penas duras por los delitos de drogas.
El Gobierno camboyano ha autorizado que se prorrogue la campaña contra las drogas. Desde enero, se ha detenido a 10 000 personas por delitos de drogas.
La ley no permite que se venda de forma indiscriminada. Solo las personas que residen en Uruguay pueden inscribirse para comprar cannabis, con lo que se prevé evitar el turismo cannábico.
El Tribunal ha declarado que las penas de prisión por el cultivo de cannabis para uso personal son anticonstitucionales, mientras que el Gobierno está estudiando un proyecto de ley que contempla la despenalización.
Los trabajadores sociales han advertido que el cierre de ‘El Campamento’, en Filadelfia, solo desplazará a unas personas con numerosas necesidades y agravará su situación de vulnerabilidad.
En los últimos años, Costa Rica, Ecuador y Uruguay han adoptado alternativas al encarcelamiento para frenar el aumento sostenido de la población encarcelada por delitos de drogas en América Latina.
